/ sábado 11 de septiembre de 2021

Pena por abortar será” ley muerta”

Resolución de la Corte es obligatoria para los jueces del país, quienes ya no podrán procesar a las mujeres por la práctica del aborto

Pese a que la decisión de la SCJN no es vinculante a las Legislaturas, la pena establecida por el delito de aborto en el código penal local será ley muerta puesto que ningún juez podrá procesar a alguien por este delito, consideró Jorge Herrera Martínez, diputado presidente de la LIX Legislatura.

Herrera Martínez señaló que, de cierta forma, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí obligará a las Legislaturas a hacer modificaciones a sus códigos penales, pues las sanciones quedarían obsoletas.

Lo anterior, toda vez que la resolución de la Corte es obligatoria para las y los jueces del país, quienes ya no podrán procesar a las mujeres por la práctica del aborto.

“Es algo que se va a tener que hacer toda vez que existe esa resolución de la corte, si algún estado conserva en su código penal el delito, como se tiene ahorita en la mayoría de los estados, pues es letra muerta porque ningún juez va a poder procesar a nadie por el delito de aborto”, señaló.

Cuestionado sobre por qué no se ha discutido dicha iniciativa en la comisión de administración y procuración de justicia, reconoció que tiene conocimiento de ésta; sin embargo, dijo desconocer si la comisión tenga contemplado dictaminarla pronto, de ser así, aseguró que se enviaría directamente a Pleno para su discusión.

“Es una tendencia mundial la maximización de los derechos y yo creo que esos fueron los argumentos de la corte, como abogado te puedo decir es eso, la tendencia a la maximización de los derechos de las personas”, precisó.

Comentó que, desde hace tiempo, se ha exhortado de manera verbal y por escrito a sus pares a sesionar para desahogar los temas pendientes, pero afirmó que no cuenta con mecanismos legales para obligarlos a llevar a cabo sesiones de las comisiones que encabezan.

Herrera Martínez agregó que hasta ahora nadie se ha acercado al Congreso local para solicitar su apoyo en caso de contar con familiares procesadas por este delito, y puntualizó que, de ser así, no son la dependencia adecuada para ello.

Pese a que la decisión de la SCJN no es vinculante a las Legislaturas, la pena establecida por el delito de aborto en el código penal local será ley muerta puesto que ningún juez podrá procesar a alguien por este delito, consideró Jorge Herrera Martínez, diputado presidente de la LIX Legislatura.

Herrera Martínez señaló que, de cierta forma, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí obligará a las Legislaturas a hacer modificaciones a sus códigos penales, pues las sanciones quedarían obsoletas.

Lo anterior, toda vez que la resolución de la Corte es obligatoria para las y los jueces del país, quienes ya no podrán procesar a las mujeres por la práctica del aborto.

“Es algo que se va a tener que hacer toda vez que existe esa resolución de la corte, si algún estado conserva en su código penal el delito, como se tiene ahorita en la mayoría de los estados, pues es letra muerta porque ningún juez va a poder procesar a nadie por el delito de aborto”, señaló.

Cuestionado sobre por qué no se ha discutido dicha iniciativa en la comisión de administración y procuración de justicia, reconoció que tiene conocimiento de ésta; sin embargo, dijo desconocer si la comisión tenga contemplado dictaminarla pronto, de ser así, aseguró que se enviaría directamente a Pleno para su discusión.

“Es una tendencia mundial la maximización de los derechos y yo creo que esos fueron los argumentos de la corte, como abogado te puedo decir es eso, la tendencia a la maximización de los derechos de las personas”, precisó.

Comentó que, desde hace tiempo, se ha exhortado de manera verbal y por escrito a sus pares a sesionar para desahogar los temas pendientes, pero afirmó que no cuenta con mecanismos legales para obligarlos a llevar a cabo sesiones de las comisiones que encabezan.

Herrera Martínez agregó que hasta ahora nadie se ha acercado al Congreso local para solicitar su apoyo en caso de contar con familiares procesadas por este delito, y puntualizó que, de ser así, no son la dependencia adecuada para ello.

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