Es obligatorio que el estado de Querétaro conforme de manera inmediata una comisión local para la búsqueda de desaparecidos, aseveró el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alán García Campos, quien hizo un llamado a las autoridades locales para reconocer los casos de desapariciones en la entidad y considerar a los familiares de las víctimas.
En entrevista, indicó que mientras que la Ley General en materia de Desaparición de Personas obliga a la creación de un sistema nacional de búsqueda y una comisión del mismo tipo, a nivel local también deben existir condiciones para esto, por lo que es indispensable conformarla en conjunto con un consejo ciudadano que brinde acompañamiento.
“Desde las Naciones Unidas hacemos una invitación muy precisa y acentuada para que se tomen cartas en el asunto a la brevedad posible y se pueda proveer una respuesta a las familias. Que atiendan los compromisos tanto internacionales como del estado mexicano, derivados de la Ley general adoptada por el Congreso de la Unión”, expresó García Campos.
Refirió que en Querétaro la desaparición de personas se ha incrementado pues de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de enero a abril de este año desaparecieron 44 personas, tasa que de mantenerse para el cierre del 2018 se llegaría a 132, cifra que sería inferior a lo proyectado con base en la suma de los últimos tres años.
En este sentido, explicó que sumando el número de desaparecidos de 2015 a 2017, la cifra proyectada para este año es inferior, por lo que de conformarse una legislación adecuada podría reducirse o eliminarse.
“Es un tema que está lamentablemente en ascenso, pero también, colocando el lado positivo hay posibilidades de que si se toma con la debida seriedad y si se adopta un marco legislativo adecuado y se asignan los recursos correspondientes, se crean instituciones correspondientes y se designas perfiles idóneo, y crean las herramienta que contempla la legislación a nivel nacional, esta tendencia ascendente podría no solo revertirse, sino eliminarse”, añadió.
Tras reiterar que uno de los aciertos de la Ley general es la división entre la investigación criminal y la búsqueda de personas, enfatizó que más allá de todos los trabajos que las autoridades puedan realizar, se trata de una cuestión de humanidad entre los gobiernos, quienes tienen la obligación de esclarecer los casos, dar con los responsables, reparar a las víctimas y promover garantías de no repetición.
