En agosto de este año, Zenón Bautista Reséndiz llevó a su hijo Marco Antonio, de 20 años, al centro de rehabilitación “Un Camino hacia la luz” con la esperanza de que saliera de la oscuridad de las adicciones; sin embargo, días después de su ingreso solo encontró la muerte.
Zenón Bautista expuso que, a través de redes sociales, un familiar identificó dicho anexo ubicado en la comunidad El Carmen, municipio de El Marqués, el cual le cobraba 950 pesos semanales y una despensa, así como ropa nueva.
En la sede del Congreso local, añadió que Martha Elena, quien se ostentó como directora, era la psicóloga que atendería a su hijo; sin embargo, cuestionó el trato que se brindaba a las personas que asistían a dicho centro de rehabilitación.
Relató que a días de su ingreso, su hijo, Marco, fue víctimas de diversas agresiones que le ocasionaron la muerte; apuntó que el día que lo hospitalizaron únicamente recibió una llamada de que se encontraba en el hospital general, donde fue intubado debido a las lesiones presentadas. Días después de su internamiento, Marco falleció.
“Lamentablemente en agosto anexamos a mi hijo, duró cuatro días ahí y durante ese proceso lo estuvieron golpeando diario (sic), lamentablemente lo metieron a un temazcal donde sufre quemaduras eléctricas u se le paralizaron sus ojos, quemaduras de segundo grado en sus pies, después me lo golpean hasta matarlo”, refirió.
Bautista Reséndiz cuestionó cómo se ha llevado a cabo la investigación sobre la muerte de su hijo, pues expresó que, a poco más de un mes, no ha tenido ningún acercamiento con autoridades de la fiscalía ni con personal del anexo que, dijo, ya se encuentra cerrado; sin embargo, no ha habido detenidos.
Añadió que tampoco se ha llevado a cabo algún procedimiento de reparación del daño, y lamentó que la salida fácil del problema haya sido el cierre del centro de rehabilitación. Asimismo, no descartó la posibilidad de presentar una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del estado (DDHQ).
“Yo nada más quiero justicia, no pido más que justicia por lo que le hicieron a mi hijo y que no se lo vayan a hacer a más personas, a más chamacos de edad como la de mi hijo. Le pido a la justicia que se haga justicia”, agregó.
Lo anterior, lo dio a conocer en el marco de la presentación de una iniciativa para reformar el Código Penal del estado y la Ley de Salud para establecer sanciones y multas más severas a quienes operen de forma irregular, además de dotar de facultades a la Secretaría de Salud para llevar un centro de los centros de atención y tratamiento de adicciones, así como de presentar denuncias ante la fiscalía por hechos de este tipo.
La iniciativa fue presentada por el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Christian Orihuela, quien en noviembre del 2021 presentó una iniciativa para regular los centros de rehabilitación del estado ya que, indicó, el 90% de estos espacios operan de forma irregular.
“Si hubiéramos tenido la oportunidad de que se sesionara esa iniciativa en pleno, que lo hubiéramos discutido todos los diputados podrían evitar este tipo de problemas tan lamentables”, expuso.
