Los nuevos propietarios de terrenos en Peña Colorada podrían ampararse en contra de un posible decreto presidencial para declarar esta zona como área natural protegida, por lo que se deben hacer consensos para prevenir futuros conflictos con desarrollos inmobiliarios afirmó Esaú Sigala Gómez, abogado litigante especialista de materia agraria, integrante de Alianza Jurídica.
“Por los intereses económicos que hay en la zona podría haber resistencia de parte de nuevos propietarios o nuevas empresas con la intensión de emprender un proyecto distinto y podrían interponer una acción legal tendiente a declarar nula la declaratoria de área natural protegida y ha pasado en estados como Quintana Roo”.
Explicó que las declaratorias derivan de decretos presidenciales en los que el Presidente tiene la facultad de designar una zona para la protección ecológica y ambiental, mediante este procedimiento se notifica a los titulares el uso y se buscan acuerdos para que pueda existir algún apoyo del gobierno para mantener esa zona con la vocación ecológica.
“La declaratoria si no es una acción concertada con los ejidos, con los pequeños propietarios o con los titulares dentro del régimen ejidal pero sin ser ejidatarios, implicaría esta acción una limitación a su propiedad y ellos podrían recurrir al juicio de amparo para poder tener derecho de audiencia o para poder tener derecho a la propiedad y entonces la acción que le quedaría al estado sería la expropiación pero es una figura en desuso”.
Y añadió que las autoridades municipales y estatales son las que pueden autorizar algún cambio en el uso de suelo, lo que pone en riesgo la preservación de la zona.
“Considero que se debería delimitar ese polígono para que exista una protección a ese ecosistema evitar resistencias para los que tengan una intensión de desarrollar algún proyecto en la zona y poder desincentivar la especulación comercial en Peña Colorada”.
Recordó que en el polígono conocido como Peña Colorada existen diversos tipos de propietarios, como régimen ejidal y de pequeña propiedad, en el cual desde que adquirieron todos están conscientes de la connotación de protección ecológica ya que no tienen limitación en cuanto a propiedad pero si en uso del suelo, que es de conservación.
“No pueden realizar actos que impliquen el cambio de la superficie de la cual son titulares y en este gran movimiento que se ha generado de conciencias para Peña Colorada, los ciudadanos deberían acercarse al gobierno para delimitar los alcances del proyecto y lograr un mejor resultado para todos”, finalizó.
