/ jueves 8 de febrero de 2018

Polémica por aprobación de jubilaciones

La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la legislatura local aprobó cien jubilaciones y pensiones, de las que 96 fueron de trabajadores de distintas áreas de las administraciones estatales y municipales y cuatro de policías, en medio de una discusión entre los diputados Jesús Llamas y José González sobre si debería aplicarse la reforma del 2015 o respetar lo que marcan los convenios laborales.

Aunque González Ruiz insistió en abstenerse, Llamas Contreras demandó aprobar las jubilaciones y las pensiones con pleno respeto a lo que marcan los contratos colectivos de los burócratas, porque las diferencias en los montos son mínimas y hacen un gran cambio para los trabajadores, porque los ajustes, en promedio, son del ocho por ciento a la baja, que no impacta al presupuesto estatal, pero sí a las familias de los trabajadores.

“La abstención, en este caso, no cabe; se debe de votar a favor o se debe de votar en contra. No es en sí, ni siquiera, la discusión de la antigüedad, no es ni siquiera la cuestión de que pudiera existir algún cachirul, puesto que esta situación ya la superamos con la puesta en la página de internet de todos los expedientes y no hemos encontrado una sola observación por parte de la sociedad en general”, declaró Jesús Llamas.

Exhortó a José González a reflexionar el sentido de su voto, para darle “tranquilidad y satisfacción a todas las personas que solicitaron su pensión o jubilación”, porque en la gran mayoría de los casos son montos muy modestos, contra otras que “resultaron ofensivas en el pasado y que iban contra los intereses del estado y de la sociedad en general”.

Antes de ordenar la publicación de 61 expedientes de jubilaciones y pensiones más, la diputada Yolanda Josefina Rodríguez Otero respaldó los cien expedientes, aunque José González insistió en abstenerse, porque no está de acuerdo con los montos.

Al término de la sesión explicó que aunque los montos pueden variar por 200 o 300 o más pesos, lo importante es que esas pensiones y jubilaciones se ajusten a lo que marca la ley y ahí no se indica que los diputados deban respetar los contratos colectivos.

Además, dijo, los trabajadores pueden recurrir al amparo pero los diputados no pueden ir contra la ley ni hacer un dictamen acorde a cada persona, porque “estaríamos haciendo un saco a la medida de cada trabajador, a como lo pida y nos tenemos que ajustar a lo que marca la ley para que se haga lo que se debe hacer conforme a derecho”.

La reforma del 2015 topa las pensiones y jubilaciones en 42 mil pesos, además que obliga a realizar un promedio del salario de los últimos cinco años del trabajador y no reconoce algunos acuerdos de los contratos colectivos.

La comisión del Trabajo y Previsión Social recibió alrededor de 500 expedientes pendientes de jubilaciones y pensiones, de los que siguen pendientes 360 casos, pero en cada sesión se presenta la discusión de cómo se debe fijar el monto para los trabajadores, porque los contratos laborales no contemplan ajustes.

El monto máximo en las pensiones y jubilaciones aprobadas en esta última sesión fue de dos casos de 40 mil pesos y el mínimo de dos mil 800 pesos, pero los ajustes que contempla la reforma de 2015 es de cantidades consideradas bajas. Hasta el momento tres trabajadores se ampararon por no recibir los montos de su contrato colectivo.

 

La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la legislatura local aprobó cien jubilaciones y pensiones, de las que 96 fueron de trabajadores de distintas áreas de las administraciones estatales y municipales y cuatro de policías, en medio de una discusión entre los diputados Jesús Llamas y José González sobre si debería aplicarse la reforma del 2015 o respetar lo que marcan los convenios laborales.

Aunque González Ruiz insistió en abstenerse, Llamas Contreras demandó aprobar las jubilaciones y las pensiones con pleno respeto a lo que marcan los contratos colectivos de los burócratas, porque las diferencias en los montos son mínimas y hacen un gran cambio para los trabajadores, porque los ajustes, en promedio, son del ocho por ciento a la baja, que no impacta al presupuesto estatal, pero sí a las familias de los trabajadores.

“La abstención, en este caso, no cabe; se debe de votar a favor o se debe de votar en contra. No es en sí, ni siquiera, la discusión de la antigüedad, no es ni siquiera la cuestión de que pudiera existir algún cachirul, puesto que esta situación ya la superamos con la puesta en la página de internet de todos los expedientes y no hemos encontrado una sola observación por parte de la sociedad en general”, declaró Jesús Llamas.

Exhortó a José González a reflexionar el sentido de su voto, para darle “tranquilidad y satisfacción a todas las personas que solicitaron su pensión o jubilación”, porque en la gran mayoría de los casos son montos muy modestos, contra otras que “resultaron ofensivas en el pasado y que iban contra los intereses del estado y de la sociedad en general”.

Antes de ordenar la publicación de 61 expedientes de jubilaciones y pensiones más, la diputada Yolanda Josefina Rodríguez Otero respaldó los cien expedientes, aunque José González insistió en abstenerse, porque no está de acuerdo con los montos.

Al término de la sesión explicó que aunque los montos pueden variar por 200 o 300 o más pesos, lo importante es que esas pensiones y jubilaciones se ajusten a lo que marca la ley y ahí no se indica que los diputados deban respetar los contratos colectivos.

Además, dijo, los trabajadores pueden recurrir al amparo pero los diputados no pueden ir contra la ley ni hacer un dictamen acorde a cada persona, porque “estaríamos haciendo un saco a la medida de cada trabajador, a como lo pida y nos tenemos que ajustar a lo que marca la ley para que se haga lo que se debe hacer conforme a derecho”.

La reforma del 2015 topa las pensiones y jubilaciones en 42 mil pesos, además que obliga a realizar un promedio del salario de los últimos cinco años del trabajador y no reconoce algunos acuerdos de los contratos colectivos.

La comisión del Trabajo y Previsión Social recibió alrededor de 500 expedientes pendientes de jubilaciones y pensiones, de los que siguen pendientes 360 casos, pero en cada sesión se presenta la discusión de cómo se debe fijar el monto para los trabajadores, porque los contratos laborales no contemplan ajustes.

El monto máximo en las pensiones y jubilaciones aprobadas en esta última sesión fue de dos casos de 40 mil pesos y el mínimo de dos mil 800 pesos, pero los ajustes que contempla la reforma de 2015 es de cantidades consideradas bajas. Hasta el momento tres trabajadores se ampararon por no recibir los montos de su contrato colectivo.

 

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