Por primera vez en el Estado, el Poder judicial vinculó aproceso, a través del nuevo Sistema Penal Acusatorio, alpropietario de un terreno forestal por un delito contra elambiente, el daño fue ocasionado en una zona colindante al áreaconocida como Peña Colorada, informó la Procuraduría Federal deProtección al Ambiente (Profepa).
Además, dentro del ámbito administrativo se emitieron por laProfepa dos resoluciones, se impusieron multas que ascienden entotal de dos millones 191 mil 200 pesos y la clausura totaltemporal del predio.
En audiencia inicial, la Procuraduría General de la República(PGR) imputó al dueño de un predio del Ejido Jurica, en elmunicipio de Querétaro, quien no contaba con autorizaciones de laSecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y apesar de ello desmontó 6.5 hectáreas de vegetación natural.
La conducta atribuida al responsable se encuentra tipificadacomo delito en el artículo 418, fracción I, del Código PenalFederal, que prevé pena de hasta nueve años de prisión y lareparación del daño al ambiente.
La Profepa consideró que el área afectada constituye un sitiode gran valor ambiental para la Ciudad y el Estado, con lavinculación a proceso se dictaron medidas cautelares y seestableció el término de tres meses para el desahogo de lasprobanzas y la conclusión de la investigación.
La vinculación a proceso fue determinada por una Juez deControl luego de los argumentos vertidos por el Fiscal de la PGR,del delegado y los asesores jurídicos especializados en el nuevosistema penal acusatorio de la Dirección General de DelitosFederales Contra el Ambiente de la Profepa.
La Profepa está obligada a litigar la reparación ycompensación del daño ocasionado al ambiente dentro del sistemapenal acusatorio, conforme a la Ley Federal de ResponsabilidadAmbiental.
