La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Dalia Garrido Rubio dio a conocer que se han colocado 14 sellos de suspensión en establecimientos comerciales por irregularidades en promociones o en su caso normas oficiales mexicanas.
Informó que se trata principalmente de negocios de venta de calzado, papelerías y tiendas de autoservicio que no cumplen con las normas oficiales mexicanas, o en su caso publicidad engañosa.
A unos días del arranque del nuevo ciclo escolar, la funcionaria federal compartió que desde el pasado 8 de agosto arrancó el operativo de Regreso a Clases, que concluirá el próximo 9 de septiembre.
Precisó que derivado de este operativo hasta el día de ayer suman 40 las visitas de verificación realizadas lo mismo a papelerías, librerías, zapatería y venta de uniformes escolares que son los artículos de mayor consumo en esta temporada.
Señaló que a estas acciones de verificación se suman las escuelas particulares.
La intención, dijo, es que el consumidor no se vea afectado con posibles abusos del comercio como de las instituciones de educación privadas.
En lo que llevamos verificado, se ha llevado 40 visitas, de éstas hasta ayer 14 establecimientos con infracción, se han colocado sellos de suspensión, además se reporta dos negativas a la verificación y 408 productos verificados.
Dalia Garrido reiteró el llamado a los comerciantes para cumplir con buenas prácticas comerciales ya que de no ser así, dijo, la dependencia procederá a la aplicación de sanciones económicas que van de cinco mil hasta 250 mil pesos.
ESCUELAS
Comentó que dentro de este operativo se suma la visita de verificación a escuelas particulares que en un inicio contempla 50 instituciones, entre ellas, algunas de recién creación.
Precisó que el padrón total de escuelas particulares, del cual dispone la PROFECO suma más de 300 instituciones con quienes se ha venido trabajando a través de las mismas asociaciones de familia.
Aquí se supervisa que se comercialice en base al acuerdo del 3 de mazo de 1992, para efecto de que no cometan abusos, no incurran en publicidad engañosa y además que sean claros en los términos y condiciones bajo el cual comercializan el servicio educativo, señaló.
