La diputada Beatriz Marmolejo Rojas de la LIX legislatura, autora del amparo colectivo a favor de Estancias Infantiles en la entidad, interpuso recurso legal por incumplimiento de las dependencias federales a la resolución que el Juez de Amparo dictó el 1 de abril, para restablecer el recurso económico.
Estancias Infantiles con apoyo de la diputada del Partido Acción Nacional, Beatriz Marmolejo Rojas presentaron recurso legal por el incumplimiento de la suspensión provisional decretada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro.
Marmolejo Rojas recordó que en la resolución del Poder Judicial de la Federación, se estableció que las estancias suscritas al amparo no serían sujetas a la reducción efectuada en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019. Por lo que operarían con las disposiciones contenidas en el ejercicio fiscal 2018 y la autoridad federal estaría obligada a ejercer el presupuesto de este programa al igual que el año anterior.
“El juez otorgó la suspensión para que se aplicaran las reglas de operación del programa de estancias infantiles de 2018. Por lo que la autoridad ejecutora responsable, debe entregar los apoyos conforme a otras reglas, justificando que así lo decidió la Secretaría de Bienestar a nivel federal; automáticamente incumple con lo que determinó el juez”.
La diputada dijo que la autoridad notificada al respecto fue el coordinador de delegados federales, Gilberto Herrera Ruiz por ser la parte ejecutora del programa. Indicó que si bien él no creó las reglas o destinó el recurso, su obligación era acatar lo dicho por el juez.
“La autoridad federal aplicó las reglas que quiso, esto último resulta preocupante, porque la Secretaría de Bienestar ya estaba enterada del fallo provisional y aun así aplicó el presupuesto en sentido contrario a la orden judicial”.
Marmolejo Rojas mencionó que ante el nulo cumplimiento, en los términos de la suspensión que dictaminó la autoridad judicial, las dependencias federales y sus titulares podrían ser sancionados de manera económica; con la destitución de su cargo o enfrentar algún proceso penal.