Las inconformidades contra la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en el Estado, y la detención de manifestantes contra su aprobación escaló hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya documenta lo que está sucediendo en Querétaro.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) informó que el ombudsperson Javier Rascado Pérez, se reunió con Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH, y ambas instituciones dan seguimiento al caso.
“La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, y de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) Además, ambas oficinas documentan las inconformidades generadas en contra de la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en el Estado, aprobada el 19 de mayo de este año, así como los hechos ocurridos el 10 de junio, cuando se dio la detención de personas defensoras de derechos humanos, quienes se manifestaban en contra de la aprobación de esta ley”, dio a conocer la defensoría queretana en un comunicado oficial.
Para coordinar esfuerzos conjuntos en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos en Querétaro, los equipos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, y de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) sostuvieron una reunión de trabajo.
Los representantes de ambas instituciones dialogaron sobre las oportunidades de colaboración interinstitucional, el apoyo a proyectos académicos, el intercambio de experiencias, así como el acompañamiento de casos emblemáticos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
“Así mismo, se exploraron los temas en los que Querétaro tiene áreas de oportunidad importantes en términos de fortalecer el andamiaje institucional para la protección y defensa de los Derechos Humanos, como la equidad en igualdad de género, la inclusión de las comunidades LBGTI+, la defensa del medio ambiente, la atención a personas en contexto de migración y también a las personas y comunidades indígenas”.
Además, se acordó explorar la posibilidad de construir proyectos de colaboración que impliquen medir la incidencia directa tanto en instituciones públicas del estado como en las comunidades en las que aplican su función, esto para desarrollar mejores prácticas que puedan ser replicadas en otros estados e incluso, en otros países.
