Querétaro dice “no a partidas secretas” en las administraciones públicas, respaldando con ello al Senado, con lo que diputados panistas aseguraron se deberían terminar los dispendios sin objeto del gobierno federal de Morena.
El coordinador legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Poder Legislativo de Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri consideró que el secretismo y la opacidad son una amenaza para la democracia y para las libertades de los ciudadanos”, ya que, “en una democracia, la transparencia debe ser total en la actuación del gobierno y en el ejercicio del gasto público”.
“Ya sea por corrupción, por irresponsabilidad o por incompetencia, el Gobierno de Morena nos está costando muy caro y no está entregando ningún resultado en favor de las familias mexicanas”, asentó.
El también presidente del PAN en la entidad señaló que “En tiempos como este, es deseable poner todos los límites posibles al ejercicio presupuestal opaco y sin control, del aparato gubernamental federal”.
Para Dorantes Lámbarri, hasta este momento Morena ha dado señales de gobernar en las tinieblas, la oscuridad y la opacidad, lo que dijo Dorantes Lámbarri, no es compatible con la democracia.
Como ejemplo de falta de información del ejercicio de recursos públicos, el líder panista refirió la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia, los contratos de Pemex, como la compra de pipas a inicio de sexenio, los datos sobre la compra de vacunas contra la covid-19, el acuerdo sobre tráfico de armas con Estados Unidos, el estudio para la construcción del Tren Maya, la información sobre la rifa del avión presidencial, el expediente del caso Salvador Cienfuegos y más de 400 expedientes reservados.
Este dictamen será votado este martes en el Senado, y de aprobarse, la Cámara de Diputados ya no podrá autorizar partidas secretas presupuestales que estaban a disposición del presidente de la República, contando hasta el momento de su aprobación en Querétaro, con 9 entidades de la República, cuando la reforma requiere de 17.
En contraste, la LIX Legislatura de Querétaro rechazó el Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada, al considerar que “no resuelve nada en particular, sino que únicamente atribuye facultades plenipotenciarias en la materia al Congreso de la Unión, sin que exista ningún punto de límite y respeto a las facultades que hoy tienen los estados.
Entre otras cosas, el proyecto establece Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional y obliga a las empresas privadas a mantener coordinación con autoridades, cuando se trata de empresas privadas.
