/ lunes 5 de julio de 2021

Querétaro, único estado sin ley estatal de aguas

Diecisiete operadoras privadas de agua recibieron permiso de operar en Querétaro

Querétaro es el único estado del país sin ley local de agua y es urgente que se plantee esto como interés público, puesto que hay un predominio de control privado, refirió Claudia Romero, académica y activista por Bajo Tierra Museo.

Señaló que desde 2006 a la fecha se han elaborado cuatro iniciativas sin que estas procedan, aunque la necesidad de la protección del agua en estos rubros es necesaria para un estado como Querétaro.

"El anteproyecto de Ley de Aguas del Estado de Querétaro —elaborada desde el ejecutivo en 2006, con injerencia del Banco Mundial— proponía remunicipalización y posibilidad de concesión vía ayuntamientos. Igual que las dos iniciativas de Ley de Agua del Estado de Querétaro presentadas en 2008 el mismo día, pero por dos partidos distintos", refirió.

Aseguró que el dictamen de Iniciativa de Ley del Agua del Estado de Querétaro en 2017 apareció, de manera sorpresiva, la participación del sector privado en la prestación de servicios, "aunque dicha posibilidad había sido eliminada en mesa de trabajo con la sociedad civil".

"17 operadoras privadas de agua recibieron permiso de operar en Querétaro, sea por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) o por 3 de los 18 municipios. Lo hacen bajo cláusulas discrecionales, desarraigadas de un marco legal uniforme que ha generado problemas entre los que destacan la adjudicación indebida de obligaciones", sostuvo.

Añadió que el Relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua alertó sobre tres factores que comprometen la garantía de derechos en contexto de prestación privada de servicios: la creación de monopolios por cooptación de gobierno, mal uso de aguas y otras prácticas que permiten la transferencia indebida de ganancias.

"Cuando en 2008 se consultó a la CEA respecto de la propuesta de remunicipalizar los servicios, esta respondió por oficio que ello era inviable por tres motivos: la competencia le estaba reservada por su decreto de creación, el agua le estaba legalmente asignada y su transmisión incurriría en ilegalidad acorde con la Ley de Aguas Nacionales", refirió.

Comentó que los municipios en su fragilidad presupuestal no podrían hacerse cargo del servicio, como sí lo harían dependiendo de su situación financiera, por lo que delegan responsabilidades a partir de concesiones.

"Hoy, sin embargo, el otorgamiento de concesiones pasa por la declinación oficial de la CEA a su facultad aludiendo incapacidad de hacerse cargo y se transfieren de manera tanto contractual como fáctica grandes volúmenes de aguas, en efecto, intransferibles", mencionó.

Detalló que existe una mala interpretación del derecho humano al agua en la entidad en el que, por un lado, hay resistencia a su reconocimiento en la constitución local por parte de las autoridades mientras que, por otro, otorgan concesiones de servicio a empresas privadas para el suministro y su operatividad.

“Lo que acontece en Querétaro es el ejemplo perfecto de las consecuencias de una deficiente regulación del derecho humano al agua. Lo más grave está en las responsabilidad “única y absoluta” sobre el abastecimiento, “la calidad del agua” y “daños a terceros” que estipulan las más de 12 concesiones autorizadas al día de hoy” concluyó.

Querétaro es el único estado del país sin ley local de agua y es urgente que se plantee esto como interés público, puesto que hay un predominio de control privado, refirió Claudia Romero, académica y activista por Bajo Tierra Museo.

Señaló que desde 2006 a la fecha se han elaborado cuatro iniciativas sin que estas procedan, aunque la necesidad de la protección del agua en estos rubros es necesaria para un estado como Querétaro.

"El anteproyecto de Ley de Aguas del Estado de Querétaro —elaborada desde el ejecutivo en 2006, con injerencia del Banco Mundial— proponía remunicipalización y posibilidad de concesión vía ayuntamientos. Igual que las dos iniciativas de Ley de Agua del Estado de Querétaro presentadas en 2008 el mismo día, pero por dos partidos distintos", refirió.

Aseguró que el dictamen de Iniciativa de Ley del Agua del Estado de Querétaro en 2017 apareció, de manera sorpresiva, la participación del sector privado en la prestación de servicios, "aunque dicha posibilidad había sido eliminada en mesa de trabajo con la sociedad civil".

"17 operadoras privadas de agua recibieron permiso de operar en Querétaro, sea por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) o por 3 de los 18 municipios. Lo hacen bajo cláusulas discrecionales, desarraigadas de un marco legal uniforme que ha generado problemas entre los que destacan la adjudicación indebida de obligaciones", sostuvo.

Añadió que el Relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua alertó sobre tres factores que comprometen la garantía de derechos en contexto de prestación privada de servicios: la creación de monopolios por cooptación de gobierno, mal uso de aguas y otras prácticas que permiten la transferencia indebida de ganancias.

"Cuando en 2008 se consultó a la CEA respecto de la propuesta de remunicipalizar los servicios, esta respondió por oficio que ello era inviable por tres motivos: la competencia le estaba reservada por su decreto de creación, el agua le estaba legalmente asignada y su transmisión incurriría en ilegalidad acorde con la Ley de Aguas Nacionales", refirió.

Comentó que los municipios en su fragilidad presupuestal no podrían hacerse cargo del servicio, como sí lo harían dependiendo de su situación financiera, por lo que delegan responsabilidades a partir de concesiones.

"Hoy, sin embargo, el otorgamiento de concesiones pasa por la declinación oficial de la CEA a su facultad aludiendo incapacidad de hacerse cargo y se transfieren de manera tanto contractual como fáctica grandes volúmenes de aguas, en efecto, intransferibles", mencionó.

Detalló que existe una mala interpretación del derecho humano al agua en la entidad en el que, por un lado, hay resistencia a su reconocimiento en la constitución local por parte de las autoridades mientras que, por otro, otorgan concesiones de servicio a empresas privadas para el suministro y su operatividad.

“Lo que acontece en Querétaro es el ejemplo perfecto de las consecuencias de una deficiente regulación del derecho humano al agua. Lo más grave está en las responsabilidad “única y absoluta” sobre el abastecimiento, “la calidad del agua” y “daños a terceros” que estipulan las más de 12 concesiones autorizadas al día de hoy” concluyó.

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