El análisis realizado por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) ante la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Aguas, carece de argumentos, pues hace referencia a lo normativo y se debieron considerar elementos de consulta ciudadana y de cuidados al medio ambiente.
Laura Santos, directora de Investigación en el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH), asegura que "el tema del agua es una discusión muy compleja, porque hablamos sobre el derecho al medio ambiente sano, de acceso al agua, de la consulta a pueblos y comunidades indígenas”.
Agrega que el dictamen de la DDHQ “es un documento muy pobre, está sostenido desde lo dogmático, que en Derecho hace referencia al tema normativo y los argumentos vertidos son de este tipo", indicó.
Añadió que pese a ser una institución de derechos humanos, faltó una revisión del caso bajo esta perspectiva, pues en dicho documento, que consta de 42 páginas, se presentan leyes de participación ciudadana, donde citan y desglosan los distintos instrumentos jurídicos para que la ciudadanía participe, sin que se demuestre que se haya concretado esta participación.
"En su documento citan ordenamientos nacionales e internacionales que hablan sobre la importancia de socializar la información y sostienen que tanto convencionalmente, acorde a los parámetros de legalidad, no hay un pedimento para que se otorgue concesión de aguas al sector privado, pero lo cierran ahí", manifestó.
Comentó que, a decir de la DDHQ en su pronunciamiento y documentación, no es necesario consultar a pueblos indígenas, al menos que se trate de hacerlos desocupar forzosamente un territorio o temas que invaden su autonomía, "pero esto es contradictorio porque existen antecedentes y precedentes".
