La Coordinación Estatal de Protección Civil realizó el desmontaje del campamento que instaló un grupo de integrantes de la Asociación Antorcha Campesina en la explanada de Plaza de Armas, acción que de acuerdo con el titular de la dependencia, Gabriel Bastarrachea, se dio en total apego a las medidas que velan por la seguridad de la población.
Además del incumplimiento de ciertos permisos para permanecer en la plaza, otra de las razones que llevaron a su retiro luego de permanecer más de un mes, fueron las quejas de los comerciantes de la zona, a quienes esta situación los afectó considerablemente en la temporada decembrina ante la disminución de clientes, esto también tras darse a conocer que las peticiones de los antorchistas no eran factibles para su cumplimiento.
Gabriel Bastarrachea explicó que el desmontaje se hizo de una manera ordenada personal de Protección Civil, luego de identificar que incumplían ciertos permisos para permanecer ahí, además de que pernoctaban en la Plaza.
“Se hizo de una manera ordenada por parte del personal de Protección Civil, luego de identificar que incumplían ciertos permisos, además que pernoctaban en la Plaza, teniendo elementos que ponían en riesgo la integridad de las personas”, afirmó Bastarrachea.
Señaló que derivado de las constantes agresiones verbales y la resistencia que pusieron algunos integrantes de Antorcha Campesina, el personal de Protección Civil solicitó el apoyo de los agentes de seguridad, quienes procedieron a remitir a una persona al juzgado cívico “Y en términos de Ley apoyaron con el desmontaje del campamento ilegal”.
En este sentido, los miembros de Antorcha Campesina informaron que “el desalojo” se dio a las 4 de la madrugada y detuvo al antorchista Abraham Valencia Hernández, quien en compañía de campesinos de los municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles mantenían la guardia en dicho plantón que desde más de 49 días estaba afuera del Palacio de Gobierno.
Cabe mencionar que al menos dos de las peticiones de Antorcha Campesina eran inviables de llevarse a cabo y no por decisión de Gobierno del estado, sino por instancias federales, ya que en la construcción de un auditorio de usos múltiples que sería administrado por la organización, el predio no cumplió con los requerimientos jurídicos al no tener el uso de suelo necesario, así como adeudo por concepto de impuesto predial de más de cinco millones de pesos.
Asimismo, la solicitud de construcción de un Colegio de Bachilleres en La Negreta para lo cual Antorcha Campesina consiguió un recurso federal, se determinó que no podría realizarse tras haberse realizado un estudio de factibilidad del plantel, se constató que no era viable en virtud de que actualmente ya se cuenta con la cobertura necesaria en la zona con el Plantel 3 de Corregidora que alberga a mil 900 estudiantes.
Sin embargo, existen solicitudes que sí podrían llevarse a cabo, por un lado el camino a Boyecito en el municipio de Cadereyta y la construcción de aulas y laboratorios de una escuela en la colonia Reforma Agraria.