/ jueves 6 de agosto de 2020

Rigor contra delincuentes ambientales

Agustín Dorantes propone 20 años de cárcel a vendedores y PVEM se suma

Con hasta 20 años de prisión se podría sancionar a quien ofrezca en preventa o venta terrenos, localizados en áreas naturales protegidas, y que tenga la intención de urbanizarlos, sin contar con los permisos correspondientes.

Esto de acuerdo con una iniciativa de ley, presentada por los diputados del PVEM, Jorge Herrera y del PAN, Agustín Dorantes, y que reforman el Código Penal del Estado y la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable con la intención de crear un registro de delitos ambientales y sancionar a quien incurra en fraude genérico.

De acuerdo con la iniciativa presentada, se propone sancionar como fraude genérico cuando se oferte en preventa, venta, permuta o cualquier otro tipo de traslado de dominio, terrenos ubicados en áreas naturales protegidas, declaradas por el estado o los municipios, con la finalidad de urbanizarlos, sin contar con la autorización de las autoridades.

La sanción propuesta incluye incrementar las penas de fraude genérico, y que alcanzarían una sanción de hasta 13 años con cuatro meses hasta 20 años de prisión, así como de 666 a mil días de multa, cuando el valor de lo defraudado sea mayor a 104 mil 256 pesos.

Asimismo, se propone prisión de cuatro meses a cinco años y hasta 240 días de multa, cuando lo defraudado sea de 56 mil 128 pesos, así como prisión de cinco años a 13 años, y de 240 a 666 días de multa, cuando el fraude supere los 56 mil 128 peos y alcance los 104 mil 256 pesos.

“Como activistas hemos decido tomar conciencia y tomar acciones contundentes (…) para proteger nuestro capital natural”, declaró el activista, Federico Orozco.

En tanto, también se propone el contar con el Registro de Infracciones y delitos ambientales, el cual concentraría y sistematizaría la información de incidencias y, con esto, se permitirá dar seguimiento a los lugares en los que han ocurrido infracciones o delitos de este tipo.

En Querétaro, se tienen registradas 11 áreas naturales protegidas, declaradas por gobierno del estado o los municipios; estas son el bordo Benito Juárez, Cerro Grande, Sierra del Raspiño, El Batán, El Pinalito, El Tángano, Jurica Poniente, Peña de Bernal, Tángano II, zona occidental microcuencas y la cañada Juriquilla.

Con hasta 20 años de prisión se podría sancionar a quien ofrezca en preventa o venta terrenos, localizados en áreas naturales protegidas, y que tenga la intención de urbanizarlos, sin contar con los permisos correspondientes.

Esto de acuerdo con una iniciativa de ley, presentada por los diputados del PVEM, Jorge Herrera y del PAN, Agustín Dorantes, y que reforman el Código Penal del Estado y la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable con la intención de crear un registro de delitos ambientales y sancionar a quien incurra en fraude genérico.

De acuerdo con la iniciativa presentada, se propone sancionar como fraude genérico cuando se oferte en preventa, venta, permuta o cualquier otro tipo de traslado de dominio, terrenos ubicados en áreas naturales protegidas, declaradas por el estado o los municipios, con la finalidad de urbanizarlos, sin contar con la autorización de las autoridades.

La sanción propuesta incluye incrementar las penas de fraude genérico, y que alcanzarían una sanción de hasta 13 años con cuatro meses hasta 20 años de prisión, así como de 666 a mil días de multa, cuando el valor de lo defraudado sea mayor a 104 mil 256 pesos.

Asimismo, se propone prisión de cuatro meses a cinco años y hasta 240 días de multa, cuando lo defraudado sea de 56 mil 128 pesos, así como prisión de cinco años a 13 años, y de 240 a 666 días de multa, cuando el fraude supere los 56 mil 128 peos y alcance los 104 mil 256 pesos.

“Como activistas hemos decido tomar conciencia y tomar acciones contundentes (…) para proteger nuestro capital natural”, declaró el activista, Federico Orozco.

En tanto, también se propone el contar con el Registro de Infracciones y delitos ambientales, el cual concentraría y sistematizaría la información de incidencias y, con esto, se permitirá dar seguimiento a los lugares en los que han ocurrido infracciones o delitos de este tipo.

En Querétaro, se tienen registradas 11 áreas naturales protegidas, declaradas por gobierno del estado o los municipios; estas son el bordo Benito Juárez, Cerro Grande, Sierra del Raspiño, El Batán, El Pinalito, El Tángano, Jurica Poniente, Peña de Bernal, Tángano II, zona occidental microcuencas y la cañada Juriquilla.

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