La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, reveló que durante el 2022 se han abierto 4 investigaciones en contra de actuarios y jueces por conductas inapropiadas o faltas administrativas como no enviar previamente un citatorio a ciudadanos.
En entrevista, indicó que si bien cuando hay una suspensión como medida cautelar, no se puede dar publicidad puesto que se presume la inocencia del servidor público, han existido cuatro casos relevantes en donde sí se ha interponiendo una sanción.
“No podemos dar publicidad porque se presume la inocencia del servidor público, como apenas es cautelar se tiene que esperar que pase a que sea definitiva y después de que este en definitiva, se debe de resolver el procedimiento, pero actualmente el procedimiento que tenemos en estos estatutos no podemos divulgar”.
Constantemente el Tribunal recibe denuncias por parte de los usuarios de los servicios de justicia, las cuales van generalmente contra jueces, actuarios o secretarios así como administrativos, dijo la magistrada presidenta del TSJ.
Explicó que estás denuncias son desahogadas por dos órganos internos, ya sea por la Contraloría, que atienden temas administrativos, o la Visitaduría, que atiende casos donde se ven involucrados jueces, actuarios y secretarios.
“Son constantes las denuncias que nos presentan, estas se canalizan a la Contraloría o a la Visitaduría dependiendo si es personal jurisdiccional o si es administrativos, ahí se determinan si son denuncias meramente jurisdiccionales o si tiene que ver con la indisciplina de un funcionario”, explicó.
Explicó que el procedimiento que dicta la Ley General de Responsabilidades Administrativas generalmente es largo, ya que se divide en tres etapas por las cuales se revisa la denuncia hasta llegar a su conclusión, en donde se determina si se debe de interponer una sanción.
“Los procesos de las denuncias son largos de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene tres etapas, investigación es la primera etapa es la investigación que lo llevan la denuncia a la contraloría y/o visitaduría, luego se van con una autoridad substanciadora y ahí desahogan la pruebas y el funcionario público se defiende, luego se pone en estado de resolución y se pasa al consejo de judicatura, la gran mayoría los tenemos en ese trámite”, aseveró.