Con 13 votos a favor y siete en contra, el pleno del Congreso del Estado aprobó los lineamientos para la aplicación de sanciones a servidores públicos, sin superior jerárquico como los diputados, que cometan infracciones electorales y que van desde el apercibimiento hasta la inhabilitación. Será la Contraloría Interna de la Legislatura quien se encargue de iniciar estos procedimientos.
Durante la sesión de pleno, la coordinadora de Morena, Paloma Arce Islas, advirtió que estos lineamientos podrían convertirse en una herramienta política en contra de la oposición en pleno proceso electoral.
La legisladora externó su rechazo al dictamen debido a que se presentó de forma “exprés” y presentó una reserva para que sea a través de una mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los diputados, como se validen las sanciones; sin embargo, esta fue rechazada.
“...que no se vuelva únicamente una figura con fines políticos que dependiendo de quien se vaya a sancionar, sea que se determine la sanción en 24 horas, o que nunca sean dictaminadas por la Legislatura”, advirtió.
En tanto, los legisladores aprobaron una reserva presentada por el coordinador de la bancada panista, Miguel Ángel Torres Olguín, quien propuso que este acuerdo tenga vigencia desde su aprobación por el pleno y hasta el último día de funciones de la actual Legislatura, es decir, hasta septiembre.
Según el acuerdo aprobado, será la Contraloría Interna del Congreso del Estado la competente de iniciar y tramitar estos procedimientos en contra de los funcionarios, y tendrá que realizarse una audiencia de pruebas y alegatos.
Las sanciones previstas para los funcionarios que incurran en infracciones de la ley electoral son el apercibimiento, la amonestación, multas, destitución o, incluso, la inhabilitación.
