/ martes 28 de mayo de 2019

Sin denuncia por el caso Aguilera

Fue hace un mes cuando se dio a conocer en medios de comunicación el caso del exsecretario del Trabajo por presuntos actos de corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aún no ha recibido una denuncia por el caso del exsecretario José Luis Aguilera Rico, por lo que no ha iniciado un carpeta de investigación, aseveró el titular de ese órgano autónomo, Benjamín Vargas Salazar.

Fue hace un mes cuando se dio a conocer en medios de comunicación el caso del exsecretario del Trabajo por presuntos actos de corrupción y recalcó que no pueden iniciar una investigación si no hay una vista ante ese órgano autónomo.

"No hemos recibido ninguna denuncia, pero estamos nosotros dispuestos y abiertos a cualquier denuncia que se presente”, señaló.

Dijo que desde que inició operaciones esa fiscalía han registrado 31 imputados vinculados a proceso, siete sentencias con penas que van desde cuatro años y medio de prisión, reparación del daño o inhabilitación del servicio público.

"Otros servidores públicos que se han ido a la suspensión a prueba que la ley permite, por hechos consecutivos de cohecho, de crecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, peculado y desempeño indebido del servicio público", subrayó.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aún no ha recibido una denuncia por el caso del exsecretario José Luis Aguilera Rico, por lo que no ha iniciado un carpeta de investigación, aseveró el titular de ese órgano autónomo, Benjamín Vargas Salazar.

Fue hace un mes cuando se dio a conocer en medios de comunicación el caso del exsecretario del Trabajo por presuntos actos de corrupción y recalcó que no pueden iniciar una investigación si no hay una vista ante ese órgano autónomo.

"No hemos recibido ninguna denuncia, pero estamos nosotros dispuestos y abiertos a cualquier denuncia que se presente”, señaló.

Dijo que desde que inició operaciones esa fiscalía han registrado 31 imputados vinculados a proceso, siete sentencias con penas que van desde cuatro años y medio de prisión, reparación del daño o inhabilitación del servicio público.

"Otros servidores públicos que se han ido a la suspensión a prueba que la ley permite, por hechos consecutivos de cohecho, de crecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, peculado y desempeño indebido del servicio público", subrayó.

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