Solo el 34.44% de las personas vinculadas a proceso por delitos de corrupción ha obtenido una sentencia condenatoria, mientras que el resto continúa con su proceso penal y conclusión de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, informó Benjamín Vargas Salazar, fiscal especializado en el combate a la corrupción.
En el marco de su 5º informe de actividades, indicó que en cinco años se han judicializado 68 carpetas de investigación que han derivado en la vinculación a proceso de 90 personas servidoras públicas y particulares, de las cuales 31 han sido sentenciadas y acumulan una imposición de más de 100 años de prisión.
“En cinco años de funciones de la fiscalía especializada, se ha logrado la vinculación a proceso de 90 personas servidoras públicas y particulares con el que el combate a la impunidad es frontal sin escatimar esfuerzos”, subrayó.
Vargas Salazar indicó que, de marzo de 2021 a febrero de 2022, se iniciaron 51 carpetas de investigación, de las cuales 14 fueron judicializadas que derivaron en la vinculación a proceso de 18 personas; de estas, 15 han obtenido una sentencia condenatoria acumulando 39 años de prisión y más de 22 años de inhabilitación por la comisión de diversos delitos de corrupción.
En el último año, entre las personas vinculadas a proceso se encuentran un expresidente municipal, un exdirector de finanzas municipal, un notario público, un exjuez cívico, así como personal de protección civil municipal, administrativo estatal y operativo para el uso de la fuerza pública municipal y estatal.
Entre los delitos destacan el de peculado, cohecho cometido por servidor público, negociaciones ilícitas, desempeño indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia en materia de combate a la corrupción, así como la sustracción, destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas o con el lugar de los hechos delictivos.
“Es importante que las sanciones aplicadas sean ejemplares, en todos los años se ha solicitado y obtenido por cada sentencia condenatoria la imposición de la pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos, estas penas hacen una sumatoria de más de 77 años de inhabilitación”, apuntó.
Vargas Salazar expresó que a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se ha debilitado la capacidad financiera de quienes cometen delitos de corrupción, asegurando dinero, 10 vehículos de alta gama y bienes inmuebles por más de 21 millones de pesos.
“Se han formalizado ante el Registro Público de la Propiedad del estado providencias precautorias sobre seis bienes inmuebles cuyo valor es de más de seis millones de pesos, a efecto de que no se puedan enajenar hasta en tanto se resuelva la investigación con la cual se encuentran relacionados”, señaló.
