Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a su gabinete a presentar su declaración patrimonial, algo que llevaron a cabo en su totalidad, hasta el momento para el caso de Querétaro, sólo siete de los 18 alcaldes de la entidad han presentado su “3 de 3”, de acuerdo con la plataforma que recaba la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de los funcionarios públicos que es obligatoria para todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
En la plataforma digital que recoge la información de los servidores públicos, se señala que sólo los presidentes municipales de Querétaro, Luis Bernardo Nava; El Marqués, Enrique Vega Carriles; Corregidora, Roberto Sosa Pichardo; Colón, Alejandro Ochoa Valencia; Landa de Matamoros, Marina Ponce Camacho; Pedro Escobedo, Isidro Amarildo Bárcenas y Tolimán, Ma. Guadalupe Alcántara; han presentado sus tres declaraciones hasta el momento.
Con base a la información que se encuentra en la página www.3de3.mx son los siete alcaldes panistas, quienes hicieron pública su información, donde se determina que el presidente municipal que percibe un mayor ingreso anual es Enrique Vega Carriles con más de 20 millones de pesos por el cargo que ejerce, y por otras actividades empresariales y financieras que desempeña.
El alcalde de Pedro Escobedo, Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz, es el que percibe menor ingreso anual, con 546 mil pesos, seguido por la presidenta municipal de Tolimán, Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago con 609 mil pesos.
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, declaró ingreso anual por 859 mil pesos; la presidenta de Landa de Matamoros, Marina Ponce obtiene un millón 248 mil pesos anualmente; el edil de Colón, Alejandro Ochoa Valencia obtiene un millón 484 mil pesos y Luis Bernardo Nava de Querétaro percibe un millón 546 mil pesos.
Cabe recordar que el 13 de septiembre el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción acordó el formato de declaraciones y las normas para su llenado y presentación, el cual será obligatorio a más tardar el 30 de abril para todos los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
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