El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez urgió a las autoridades de los distintos niveles de Gobierno atiendan las demandas ciudadanas a través de un consenso de todos los involucrados, agregó, así se podrá dar certeza jurídica.
El también regidor en el municipio de Corregidora, expuso que actualmente Peña Colorada, que se conforma por una superficie de tres mil 500 hectáreas en Querétaro y mil 500 en El Marqués, no cuenta con decreto de protección y que la demanda ciudadana ha sido en varias ocasiones ignorada a la llegada de una nueva administración.
“Esto provoca que en un futuro a mediano plazo, también esta desaparezca y sea afectada con cambios de uso de suelo en detrimento del capital natural de la zona metropolitana. Si no se hace este decreto, se corre el riesgo que en esta administración estatal o municipal o las siguientes, en cualquier momento de decida autorizar cambio de uso de suelo sin que el estado pueda impedirlo”.
Astudillo Suárez insistió que se deben promover foros, con la participación de todos los involucrados, principalmente de los dueños de los terrenos, buscar una solución que beneficie a todas las partes, es decir a las autoridades, ambientalistas y propietarios”.
“El PVEM a través del diputado Jorge Herrera Martínez analizará a detalle en la Comisión de Medio Ambiente la iniciativa de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y estatal, para que en el ámbito de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones legales, realicen, impulsen y concluyan los trámites y procedimientos necesarios para constituir el área natural protegida de Peña Colorada”.
Asimismo, afirmó que en caso de que el estado decida decretar el Área Natural Protegida, la federación vía SEMARNAT puede aportar la asesoría y canalizar fondos para cubrir el estudio técnico, el pago de servicios ambientales y proyectos productivos, pero siempre, con la participación y convicción de los propietarios, sin imposiciones.
“Es importante que no caigamos en la simulación de empresarios disfrazados de ejidatarios para que realmente se pueda trabajar y escuchar todas las voces tanto de investigadores, ambientalistas, dependencias federales, estatales y municipales, institutos de planeación, cámaras, colegios, consejos consultivos y sociedad civil”.
