Para evitar que personas físicas o morales, sancionadas por actos de corrupción, participen en los procedimientos de licitación y contratos públicos, legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa que reformaría la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arredramientos y Contratación de Servicios del Estado.
De acuerdo con la propuesta, ninguna persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción, podría participar en nuevos procedimientos de licitación y contratos públicos, según las disposiciones federales que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Tendrá como objetivo el evitar que, en las licitaciones y procedimiento de contratación, puedan participar sujetos que hayan sido sancionados por actos de corrupción, y que estén siendo investigados o bien sancionados”, declaró en tanto Arredondo.
La coordinadora de la bancada priista, enfatizó que, de aprobarse esta iniciativa, toda persona física y moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción quedará suspendida del padrón de proveedor, por el mismo periodo que dure su pena y que puede ser hasta por ocho años.
Asimismo, refirió que, a nivel nacional, la secretaria de la Función Pública ha inhabilitado a mil 500 empresas y proveedores hasta junio de este año.
En tanto, indicó que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) ha dado a conocer que, de las 50 revisiones realizadas a los entes públicos, la mayor cantidad de observaciones, entre enero y diciembre del 2018, se registraron en el municipio de Querétaro.
“Prevalece el conflicto de intereses, la vinculación de servidores públicos con empresas, la participación y obtención de contratos con empresas involucradas o bien, hallazgos de presunta colusión”, indicó según la última revisión de cuentas públicas de la ESFE.
