Cuando pensamos que la ciudadanía debería tener más herramientas para controlar al poder, no hay debate alguno. Es por ello, que hoy en México la revocación de mandato es ya un hecho, es ley.
Para lograr esto, se requirió una reforma constitucional, la cual no podía lograrse sin los votos de la oposición en el Congreso.
El espíritu de dicha reforma -como lo es en los países donde existe el mismo método- es muy simple: cuando se considera que el mandatario ha perdido la confianza ciudadana, ésta misma se puede organizar y pedir la revocación de la autoridad a través de un ejercicio pleno de democracia participativa: el voto popular.
Hasta aquí, ésta reforma hace sentido y es por ello que se aprobó en ambas cámaras, y hoy es ley.
Sin embargo, como ha sucedido en los últimos años en nuestro país, una vez aprobada la revocación se pervirtió desde el poder mismo.
Resulta que somos el único país del mundo que teniendo ésta herramienta “ciudadana” para controlar al poder, es el poder mismo quien la solicita. Si, ni los partidos opositores al régimen, ni la ciudadanía descontenta con la actual administración están pidiendo su revocación, sino que las firmas para llevar a cabo el ejercicio democrático las están consiguiendo los simpatizantes del Presidente y su partido político (MORENA); como si esto se tratara de una ratificación y no de una revocación. En síntesis, nadie pide -formalmente- la salida del Presidente López Obrador, sino que piden que termine su sexenio, asunto ya concedido por la votación del 2018, no hay ninguna necesidad, pero si necedad de hacerlo.
El ego presidencial es enorme y no tiene límites, el afán del Presidente de trascender en la historia lo ha llevado a movilizar a sus bases para obligar a la autoridad electoral a realizar este ejercicio. No le basta al Presidente con verse todos los días con altos índices de aprobación en las encuestas, quiere su ratificación popular, aunque éste ejercicio le cueste miles de millones al erario público. La revocación de mandato se ha convertido en un auténtico capricho presidencial.
El argumento de quienes defienden que se lleve a cabo la revocación es “marcar un precedente histórico” para los siguientes gobernantes, y así obligarlos a que si la ciudadanía lo pide, vayan al ejercicio de revocación en sus periodos. Sin embargo, una norma constitucional vigente, como lo es ésta, no requiere de “ejercicios previos” para llevarse a cabo, es ley y por lo tanto se acata.
Tenga usted por seguro que quienes simpatizan con el régimen conseguirán las firmas y la revocación se llevará a cabo, las casillas dependerán del presupuesto que al final se le otorgue al INE, y ganará la permanencia del Presidente por márgenes soviéticos, pero con una bajísima participación ciudadana. Y mientras todo eso suceda, piense usted, ¿en qué hubieramos podido invertir esos miles de millones de pesos que terminaron inflando el enorme ego presidencial?
*Diputado local PRI
