/ domingo 30 de septiembre de 2018

El Patrón sigue libre a 4 años del caso Iguala

En los 620 tomos del expediente se menciona la participación de militares, pero la justicia militar no ha iniciado ninguna investigación

A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapan, un total de mil 447 personas han declarado ante el Ministerio Público, pero la PGR no ha sido capaz de establecer quién es el “Patron”, que de acuerdo a testimoniales, fue quien dio la orden de levantar, trasladar y ejecutar a los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El patrón, junto con “El Caminante”, -que tampoco ha sido identificado- son piezas claves para esclarecer las líneas de investigación que siguen abiertas en el llamado caso Iguala, y en donde solo están bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

En las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente de averiguación previa, se menciona también la participación de militares y policías federales en el secuestro de los estudiantes, no obstante, la justicia militar no ha iniciado ninguna investigación contra mandos medios del Batallón 17 del Ejército mexicano que presuntamente tuvo conocimiento del ataque contra los estudiantes.

Y aunque la PGR si ha interrogado a varios de ellos, hasta el momento no hay ningún policía, militar, civil o servidor público condenado por los hechos.

La verdad histórica de la PGR, señal que los normalistas fueron levantados en Iguala, Guerrero, por integrantes del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, y trasladados en varias camionetas al basurero de Cocula, para ser ejecutados e incinerados para no dejar huella.

De las declaraciones de las 69 personas que aun continúan bajo proceso, se desprende que fue el “Patrón” quién a través de un teléfono celular dio instrucciones de lo que se tenía que hacer con los normalistas, que, de acuerdo a la PGR, fueron confundidos con un grupo rival y por ello se ordenó su secuestro.

El informe presentado por el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), señala que solo tres policías federales, de una plantilla más amplia, han sido consignados por los hechos; ningún detenido ha sido acusado por el delito de desaparición forzada; además de que no se ha investigado el probable uso de hornos crematorios y no se ha esclarecido el rol del ejército en los hechos, entre otras situaciones.

Otro dato es que no se ha investigado a los policías de tránsito de Iguala, municipio en el que desaparecieron los estudiantes, ni a los oficiales municipales de los sitios aledaños.

GUERRERO UNIDOS CONTRA LA PGR

La verdad histórica de la PGR esta basada en las declaraciones de Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, Felipe Flores Salgado, “el Terco”, Agustín García Reyes, “El Chereje”, Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, quienes describieron la forma en que desaparecieron a los normalistas. Los tres primeros fueron absueltos de todos los cargos y se decreto su libertad, mientras que el resto tramitaron amparos alegando que fueron torturados.

Por otro parte, PGR no ha explicado lo sucedido con un quinto autobús identificado como parte de los vehículos involucrados en el ataque a los estudiantes, aunque señala que la existencia de este y su recorrido está siendo investigado.


GOBIERNO HA SIDO OMISO EN LAS INVESTIGACIONES

Colectivos, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional, señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso sobre el caso, y ha interpuesto alrededor de 100 recursos en contra de la resolución de un juzgado colegiado de Tamaulipas, que había ordenado la creación de una Comisión de Verdad para continuar con la investigación.

Entre las irregularidades, se detallan las diligencias realizadas en el Río San Juan, lugar en el que se reportó el hallazgo de una bolsa con un fragmento óseo, del único estudiante identificado a la fecha y que habría sino manipulado por funcionarios de la procuraduría.

En los 48 meses que lleva la investigación, la Procuraduría General de la República señala que un equipo humano está dedicado exclusivamente a la atención del caso y ha llevado a cabo 650

Búsquedas pie-tierra, aplicando tecnología Lidar en superficies de aproximadamente 1 km² y 60 km², en zonas sugeridas donde podría estar los normalistas.

Esto incluye búsqueda de fosas clandestinas, en donde han intervenido de manera directa integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), peritos de la PGR y padres de los normalistas con apoyo de instrumentos como el georadar y con binomios caninos, sin que hasta el momento haya certeza de lo que realmente ocurrió con los 43normalistas.


A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapan, un total de mil 447 personas han declarado ante el Ministerio Público, pero la PGR no ha sido capaz de establecer quién es el “Patron”, que de acuerdo a testimoniales, fue quien dio la orden de levantar, trasladar y ejecutar a los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El patrón, junto con “El Caminante”, -que tampoco ha sido identificado- son piezas claves para esclarecer las líneas de investigación que siguen abiertas en el llamado caso Iguala, y en donde solo están bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

En las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente de averiguación previa, se menciona también la participación de militares y policías federales en el secuestro de los estudiantes, no obstante, la justicia militar no ha iniciado ninguna investigación contra mandos medios del Batallón 17 del Ejército mexicano que presuntamente tuvo conocimiento del ataque contra los estudiantes.

Y aunque la PGR si ha interrogado a varios de ellos, hasta el momento no hay ningún policía, militar, civil o servidor público condenado por los hechos.

La verdad histórica de la PGR, señal que los normalistas fueron levantados en Iguala, Guerrero, por integrantes del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, y trasladados en varias camionetas al basurero de Cocula, para ser ejecutados e incinerados para no dejar huella.

De las declaraciones de las 69 personas que aun continúan bajo proceso, se desprende que fue el “Patrón” quién a través de un teléfono celular dio instrucciones de lo que se tenía que hacer con los normalistas, que, de acuerdo a la PGR, fueron confundidos con un grupo rival y por ello se ordenó su secuestro.

El informe presentado por el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), señala que solo tres policías federales, de una plantilla más amplia, han sido consignados por los hechos; ningún detenido ha sido acusado por el delito de desaparición forzada; además de que no se ha investigado el probable uso de hornos crematorios y no se ha esclarecido el rol del ejército en los hechos, entre otras situaciones.

Otro dato es que no se ha investigado a los policías de tránsito de Iguala, municipio en el que desaparecieron los estudiantes, ni a los oficiales municipales de los sitios aledaños.

GUERRERO UNIDOS CONTRA LA PGR

La verdad histórica de la PGR esta basada en las declaraciones de Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, Felipe Flores Salgado, “el Terco”, Agustín García Reyes, “El Chereje”, Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, quienes describieron la forma en que desaparecieron a los normalistas. Los tres primeros fueron absueltos de todos los cargos y se decreto su libertad, mientras que el resto tramitaron amparos alegando que fueron torturados.

Por otro parte, PGR no ha explicado lo sucedido con un quinto autobús identificado como parte de los vehículos involucrados en el ataque a los estudiantes, aunque señala que la existencia de este y su recorrido está siendo investigado.


GOBIERNO HA SIDO OMISO EN LAS INVESTIGACIONES

Colectivos, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional, señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso sobre el caso, y ha interpuesto alrededor de 100 recursos en contra de la resolución de un juzgado colegiado de Tamaulipas, que había ordenado la creación de una Comisión de Verdad para continuar con la investigación.

Entre las irregularidades, se detallan las diligencias realizadas en el Río San Juan, lugar en el que se reportó el hallazgo de una bolsa con un fragmento óseo, del único estudiante identificado a la fecha y que habría sino manipulado por funcionarios de la procuraduría.

En los 48 meses que lleva la investigación, la Procuraduría General de la República señala que un equipo humano está dedicado exclusivamente a la atención del caso y ha llevado a cabo 650

Búsquedas pie-tierra, aplicando tecnología Lidar en superficies de aproximadamente 1 km² y 60 km², en zonas sugeridas donde podría estar los normalistas.

Esto incluye búsqueda de fosas clandestinas, en donde han intervenido de manera directa integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), peritos de la PGR y padres de los normalistas con apoyo de instrumentos como el georadar y con binomios caninos, sin que hasta el momento haya certeza de lo que realmente ocurrió con los 43normalistas.


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