El diputado panista Jaime Mauricio Rojas Silva propuso sancionar de seis meses a tres años de prisión y una multa de 300 días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien realice actos de crueldad encaminados a la tortura o al sufrimiento innecesario de un animal en el país.
La reforma al Código Penal Federal también prevé de tres meses a dos años de prisión y una multa de 200 días a quien maltrate y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga o no se considere fauna nociva para las personas.
Asimismo, se plantean de tres meses a un año y una multa de 150 días al médico veterinario o persona responsable a cargo del cuidado del animal si comete actos encaminados a provocar sufrimiento o muerte injustificada.
La iniciativa que fue enviada a la Comisión de Justicia precisa que en caso de que la muerte o lesiones del animal sean realizadas para evitar un mal igual o mayor para una persona u otro animal no se aplicará sanción alguna, siempre y cuando éstas se justifiquen.
El documento refiere que en México 70 por ciento de los perros que viven en la calle se debe al abandono de sus dueños, aunque el Código Penal Federal no contiene disposiciones que condenen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes, por lo que se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos de orden federal.
A pesar de ello, de acuerdo con los resultados arrojados por diversas encuestas, más de la mitad de los hogares mexicanos tienen una mascota y en la mayoría de los casos son perros y gatos.
Asimismo, señala que México no forma parte de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, acuerdo intergubernamental avalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca el reconocimiento y apoyo de los gobiernos para asegurar el bienestar animal.
Por ello, la iniciativa estima, entre sus objetivos, la necesidad de hacer valer dicha declaración, que reúne las disposiciones mínimas de respeto y protección a la vida animal.
México no posee instrumentos de evaluación sobre la protección animal y el seguimiento a los asuntos de maltrato, así como tampoco se establecen metas para alcanzar el bienestar animal, subrayó el legislador Rojas Silva.
En ese sentido, indicó que resulta fundamental adicionar el maltrato animal como un subtítulo dentro del título de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental para que este, en sus diversas localidades, sea un delito de orden federal y esté a expensas de la voluntad política de las diferentes entidades.
