/ viernes 8 de octubre de 2021

Abren investigación contra Piñera por Papeles de Pandora en Chile

Por presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero

La Fiscalía de Chile informó este viernes la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, luego de que la publicación Papeles de Pandora revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.

"El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers", anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.

De acuerdo a la funcionaria, "hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios".

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo pasado que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ.

La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.

El objetivo central de la pesquisa es determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que la propia Fiscalía abrió en 2017 y que se terminó sobreseyendo.

"El contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación (de 2017), por lo tanto es un antecedente nuevo", indicó la fiscal.

Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, dijo esta semana que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente "hace más de 12 años" y que la información publicada -incluida la polémica cláusula- ya era conocida y fue investigada en 2017.

De acuerdo al mandatario, la venta de la minera, que compromete una inversión de 2.500 millones de dólares y se ubica a 500 kilómetros al norte de la capital, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado "precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses".

La oposición está preparando una acusación constitucional en Parlamento (juicio político) contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Previamente al anuncio de la Fiscalía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió este viernes a trámite una querella contra el presidente interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón y que aún debe ser enviada a la Fiscalía en otro proceso independiente.

La Fiscalía de Chile informó este viernes la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, luego de que la publicación Papeles de Pandora revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.

"El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers", anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.

De acuerdo a la funcionaria, "hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios".

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo pasado que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ.

La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.

El objetivo central de la pesquisa es determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que la propia Fiscalía abrió en 2017 y que se terminó sobreseyendo.

"El contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación (de 2017), por lo tanto es un antecedente nuevo", indicó la fiscal.

Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, dijo esta semana que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente "hace más de 12 años" y que la información publicada -incluida la polémica cláusula- ya era conocida y fue investigada en 2017.

De acuerdo al mandatario, la venta de la minera, que compromete una inversión de 2.500 millones de dólares y se ubica a 500 kilómetros al norte de la capital, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado "precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses".

La oposición está preparando una acusación constitucional en Parlamento (juicio político) contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Previamente al anuncio de la Fiscalía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió este viernes a trámite una querella contra el presidente interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón y que aún debe ser enviada a la Fiscalía en otro proceso independiente.

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