Londres, (Notimex).- El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha mantenido e intensificado su estrategia “deliberadamente letal” para la represión, con la intención de “aplastar” las protestas y “castigar” a todos los que participan en ellas, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
Al cumplirse este jueves seis meses de crisis sociopolítica en Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos, la organización publicó su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, lo que está obligando a miles de nicaragüenses a huir del país en busca de seguridad.
La nueva investigación documenta casos que revelan cómo las autoridades aumentaron desde principios de junio pasado la estrategia de represión y cometieron graves violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional durante la llamada “operación limpieza” contra los manifestantes.
El documento, titulado “Sembrando el terror: De la fuerza letal a la persecución en Nicaragua”, refiere que la policía y, en gran medida, las fuerzas armadas pro gobierno han conducido arrestos arbitrarios, torturas y uso generalizado e indiscriminado de la fuerza letal en respuesta a las protestas públicas.
Entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre, Ortega desplegó a la policía para arrestar arbitrariamente y torturar a los manifestantes, y utilizó a grupos armados para matar, herir e intimidar a todos aquellos que desafiaban su estrategia represiva, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para América de AI.
“Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar de inmediato a todas las fuerzas armadas progubernamentales y garantizar que la policía sólo use la fuerza legítima, proporcional y necesaria durante las manifestaciones cuando sea apropiado”, demandó.
“En lugar de criminalizar a los manifestantes como ‘terroristas’ y ‘conspiradores de golpes’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a reunirse pacíficamente y a la libertad de expresión”, agregó.
En su informe, la organización internacional señala que el gobierno mantiene su estrategia represiva desde junio pasado para tratar de aplastar las protestas y castigar a todos los nicaragüenses que participen en ellas.
Subraya que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, “han estado liderando esa estrategia, demonizan con frecuencia a los manifestantes para justificar la represión violenta y continúan negando cualquier violación de los derechos humanos”.
AI refirió que al 18 de septiembre pasado, por lo menos 322 personas habían sido asesinadas, en su mayoría por agentes del estado, y más de dos mil resultado heridas, y que según informes 22 policías murieron.
Las autoridades presentaron cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas hasta el 18 de agosto, indicó AI y enfatizó que no tuvo conocimiento de ninguna persona procesada o detenida por violaciones de derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Las cifras proporcionadas por AI son mucho menores a las que ofreció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) el pasado 24 de septiembre, cuando dio cuenta de que 512 personas habían muerto durante la crisis en Nicaragua, que inició el pasado 18 de abril.
La organización local reportó también cuatro mil 062 personas heridas, entre ellas 103 sufrieron graves lesiones con efectos permanentes, y que un total de mil 428 habían sido secuestradas por paramilitares, de las cuales sólo 125 ya fueron encontradas y denunciaron haber sido torturadas.
