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La particular guerra de Duterte contra el narco

  • Redacción
  • en Mundo

Manila, Filipinas, (Notimex).- “Si Alemania tuvo a Hitler, las Filipinas tendrán a Duterte”. Este fue uno de los mensajes de una de las primeras declaraciones del presidente de las Filipinas apenas llegó al poder, en verano de 2016.

En esa ocasión dijo querer exterminar a los más de tres millones (aunque las cifras oficiales hablan de poco más de un millón) de adictos a las drogas del país, haciendo una triste comparación con el Holocausto. Y todo para “proteger a la próxima generación”.

La guerra contra las drogas emprendida por Rodrigo Duterte, quien ha prometido que se extenderá hasta el final de su mandato, en 2022, no solo implica a los pequeños traficantes y a los señores de la droga.

También a los consumidores de metanfetamina, más conocida como shaboo, una droga muy potente que, desde las Filipinas, ha alcanzado gran popularidad en otros países del Sudeste Asiático y se ha difundido incluso en Europa.

“En un año de operaciones -explica Dionardo B. Carlos, portavoz de la Policía Nacional de las Filipinas- han muerto más de tres mil 200 personas. Esto se debe a que han puesto en peligro la vida de nuestros agentes. Por nuestra parte hemos registrado más de 75 pérdidas y cientos de heridos”.

En el último año, añade, “gracias a la lucha contra las drogas ilegales, hemos llevado a cabo 64 mil misiones, y el resultado ha sido que 86 mil 500 personas han dejado de vender drogas o consumirlas. 86 mil 500 personas han sido detenidas, encarceladas o puestas en espera de juicio. Se trata de cifras récord de las que estamos muy orgullosos”.

Uno de los puntos fuertes de la campaña contra las drogas ilegales llevadas a cabo por la policía es el proyecto Tokhang (una contracción de las palabras toktok, llamar, y hangyo, petición), un método, ya utilizado ampliamente en la época en la que Duterte ejercía el cargo de alcalde en la ciudad de Davao.

Consiste en ir de casa en casa invitando a los traficantes de drogas y a los drogodependientes a entregarse y, por lo tanto, salvar la vida. Parece ser que este sistema ha dado sus frutos: hasta hoy, según informa el portavoz de la policía, serían casi un millón 400 mil personas que se han entregado voluntariamente a las autoridades para evitar ser víctimas.

Los crímenes por delitos de drogas han disminuido de manera notable, pero esto ha significado un fuerte aumento de los homicidios.

Se trata, a menudo, de operaciones policiales “oficiales”, pero también, y mayoritariamente, del trabajo de los escuadrones de la muerte, vigilantes a quienes las propias fuerzas del orden encargan ejecutar sumariamente a traficantes de drogas y a adictos de acuerdo con listas elaboradas por informantes.

Se trata de asesinatos genéricamente denominados “extrajudiciales”. Por no hablar de las personas que han sido asesinadas en circunstancias definidas como “inexplicables”, que todavía son objeto de investigación por parte de la policía local.

Estas son las acusaciones de varias organizaciones por los derechos humanos, entre las cuales figura Amnistía Internacional, que en un informe titulado “Si eres pobre, te matan” habla de la presidencia de Duterte como de un período de “ejecuciones extrajudiciales generalizadas, deliberadas y sistemáticas” que conducen a “crímenes contra la humanidad”.

Es un documento que se basa en encuestas, reportajes y largos testimonios publicados por los medios de comunicación locales.

El informe describe cómo se establecen las listas de personas buscadas que elaboran los informadores de la policía: basándose en rumores, rivalidades, hechos reales o inventados.

Según dijo un policía a Amnistía Internacional, un oficial recibe sobornos por las ejecuciones: entre 178 y 325 dólares, a veces con un aumento de parte de las autoridades locales. También sucede que un oficial que trabaja en asuntos civiles pague a vigilantes para que hagan el trabajo sucio. A estas conclusiones, en un informe propio, también ha llegado la ONG Human Rights Watch.

“Observamos -explica Jackie de Guia, portavoz de la Comisión Gubernamental para los Derechos Humanos- que las víctimas de los homicidios extrajudiciales son sobre todo un cierto sector de la sociedad formado por presuntos traficantes y drogodependientes”.

Explica que “estos asesinatos tienen lugar tanto de día como de noche. Y sabemos que hay muchos casos no resueltos por la policía. Esto es, cuando menos, alarmante, porque se da un mensaje equivocado, es decir, que los culpables quedarán impunes. Por lo tanto, estamos animando a la policía a investigar estos crímenes con más empeño”.

“Estos crímenes no pueden ser tolerados por las autoridades”, enfatiza.

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