/ miércoles 17 de marzo de 2021

Nuevo juicio contra Sarkozy por gastos electorales

Se le acusa de haber gastado 20 millones de euros por encima del tope permitido en la carrera por la presidencia en 2012

Dos semanas después de haber sido condenado por corrupción, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tiene una nueva cita ante la justicia este miércoles por presuntamente haber excedido el límite legal de gastos de campaña durante su fallido intento de reelección en 2012.

Sarkozy, de 66 años, fue condenado a inicios de marzo a tres años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer presidente francés en ser sentenciado a una pena de prisión firme.

Este caso es uno de los varios que persiguen al exmandatario de derecha (2007-2012) desde que dejó el poder hace casi una década, pero Sarkozy afirma que es inocente y que es víctima de una conspiración contra él por parte de sus enemigos políticos con la complicidad del sistema judicial.

En este nuevo juicio, al que no está previsto que asista, se acusa al ex líder de la derecha francesa de haber gastado 20 millones de euros (24 millones de dólares) por encima del tope permitido en la carrera por la presidencia en 2012, que perdió frente al socialista François Hollande.

Los fiscales afirman que ignoró las advertencias de los expertos contables de su campaña que le habían alertado de que iba a rebasar el límite de gasto de 22,5 millones de euros permitido por la ley y que el candidato siguió celebrando fastuosos mítines.

Los investigadores calculan que el gasto total en la segunda vuelta ascendió a casi 43 millones de euros.

Facturas falsas

El caso se centra también en un supuesto sistema de facturas falsas utilizado por la el equipo de Sarkozy para ocultar el derroche, por el que 13 personas irán a juicio junto al ex jefe de Estado.

Los directivos de la empresa que organizaba los actos, Bygmalion, y el número dos de su campaña, Jérôme Lavrilleux, han reconocido el sistema de facturas falsas.

En 2014 Lavrilleux confesó entre lágrimas la estafa durante una entrevista en la televisión francesa.

A diferencia de los otros acusados, imputados por fraude, Sarkozy, que siempre ha asegurado que desconocía ese sistema de gastos paralelos, deberá responder únicamente por un delito menor, el de financiación ilegal de campaña.

Según la fiscalía, el expresidente "se benefició sin duda" del sistema de facturas falsas, que le permitió acceder a recursos "muy superiores a los que la ley permitía".

Sin embargo, la investigación no determinó que el ex jefe de Estado hubiera decidido poner en pie este sistema, que estuviera al tanto o que hubiera participado en el maquillaje de las cuentas.

En caso de ser declarado culpable se enfrenta a una condena de un año de cárcel y a una multa de 3.750 euros.

No obstante existe una posibilidad de que se aplace el juicio debido a que hay casos de covid entre los abogados de la defensa.

Cuentas pendientes

Retirado de la política desde 2016 pero todavía muy popular en la derecha francesa, Sarkozy tiene varias cuentas pendientes ante la justicia.

En el caso de principios de mes, el expresidente fue condenado por haber intentado corromper a un juez del Tribunal Supremo para obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional.

A cambio, habría ofrecido al magistrado su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió.

Sarkozy recurrió al veredicto, pero su condena sepultó las esperanzas de que pudiera presentarse a las presidenciales del próximo año tras un intento fallido en 2016.

Además, en otro caso, está acusado de haber recibido millones de euros del dictador libio Muamar Gadafi para su campaña electoral de 2007.

Y en enero, los fiscales abrieron otra investigación sobre un presunto tráfico de influencias por sus actividades de asesoramiento en Rusia.

Dos semanas después de haber sido condenado por corrupción, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tiene una nueva cita ante la justicia este miércoles por presuntamente haber excedido el límite legal de gastos de campaña durante su fallido intento de reelección en 2012.

Sarkozy, de 66 años, fue condenado a inicios de marzo a tres años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer presidente francés en ser sentenciado a una pena de prisión firme.

Este caso es uno de los varios que persiguen al exmandatario de derecha (2007-2012) desde que dejó el poder hace casi una década, pero Sarkozy afirma que es inocente y que es víctima de una conspiración contra él por parte de sus enemigos políticos con la complicidad del sistema judicial.

En este nuevo juicio, al que no está previsto que asista, se acusa al ex líder de la derecha francesa de haber gastado 20 millones de euros (24 millones de dólares) por encima del tope permitido en la carrera por la presidencia en 2012, que perdió frente al socialista François Hollande.

Los fiscales afirman que ignoró las advertencias de los expertos contables de su campaña que le habían alertado de que iba a rebasar el límite de gasto de 22,5 millones de euros permitido por la ley y que el candidato siguió celebrando fastuosos mítines.

Los investigadores calculan que el gasto total en la segunda vuelta ascendió a casi 43 millones de euros.

Facturas falsas

El caso se centra también en un supuesto sistema de facturas falsas utilizado por la el equipo de Sarkozy para ocultar el derroche, por el que 13 personas irán a juicio junto al ex jefe de Estado.

Los directivos de la empresa que organizaba los actos, Bygmalion, y el número dos de su campaña, Jérôme Lavrilleux, han reconocido el sistema de facturas falsas.

En 2014 Lavrilleux confesó entre lágrimas la estafa durante una entrevista en la televisión francesa.

A diferencia de los otros acusados, imputados por fraude, Sarkozy, que siempre ha asegurado que desconocía ese sistema de gastos paralelos, deberá responder únicamente por un delito menor, el de financiación ilegal de campaña.

Según la fiscalía, el expresidente "se benefició sin duda" del sistema de facturas falsas, que le permitió acceder a recursos "muy superiores a los que la ley permitía".

Sin embargo, la investigación no determinó que el ex jefe de Estado hubiera decidido poner en pie este sistema, que estuviera al tanto o que hubiera participado en el maquillaje de las cuentas.

En caso de ser declarado culpable se enfrenta a una condena de un año de cárcel y a una multa de 3.750 euros.

No obstante existe una posibilidad de que se aplace el juicio debido a que hay casos de covid entre los abogados de la defensa.

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