/ lunes 7 de septiembre de 2020

Pandemia dispara la corrupción en Brasil

Falta de control favorece el robo; temen que Bolsonaro usa acusaciones como arma contra enemigos políticos

Río DE JANEIRO. Ingrid dos Santos, una enfermera técnica de 28 años, no recibía su salario desde mayo por un contrato en un hospital improvisado que nunca llegó a funcionar en la localidad suburbana de Duque de Caixas.

Pero el salario y la indemnización por su despido siguen apareciendo en su registro de seguridad social, una señal de que alguien está robando dinero público y que trata de disimularlo.

El caso ilustra una de las tantas tretas ideadas para robar millones de reales de los fondos liberados por el gobierno para combatir la pandemia, en el segundo país con más casos y más muertos por el virus.

Brasil tiene un largo historial de escándalos de corrupción, pero incluso para los estándares locales los casos de malversación que se aprovechan de la tragedia causan indignación.

El estado de Amazonas fue acusado de comprar ventiladores con sobreprecio en una tienda de vinos; el gobernador de Rio de Janeiro enfrenta un juicio de destitución por el encargo de siete hospitales de campaña, cinco de los cuales nunca llegaron a construirse; y el secretario de Salud de Brasilia fue arrestado por irregularidades en la compra de pruebas.

En total, en 11 de los 27 estados se han identificado casos de corrupción.

Hasta el nombre y los datos del astro del futbol Neymar fueron usados para pedir, y recibir, el bono mensual de 600 reales (120 dólares) que entrega el gobierno a los brasileños más pobres y afectados por el confinamiento. Los expertos aseguran que la corrupción encontró nuevos canales al inicio de la pandemia.

Las autoridades se apresuraron a comprar ventiladores pulmonares, camas, cubrebocas y alcohol en gel y el Congreso autorizó en abril las compras sin licitaciones y sin los habituales papeleos.

El presidente Jair Bolsonaro se limitó a criticar las medidas de cuarentena ordenadas por los gobernadores y la “histeria” provocada por una “gripecita”, que ya dejó más de 4.1 millones de infectados y más de 126 mil 200 fallecidos en Brasil.

La falta de control en un país federal de 212 millones de habitantes, 27 estados y más de 5 mil municipios favoreció los chanchullos, dijo Guilherme France, de Transparencia Internacional Brasil.

De los 286 mil 500 millones de reales (unos 50 mil millones de dólares) de recursos de emergencia gastados en la pandemia, menos del 8% se usó para combatir el coronavirus, según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Wiechers estima que se requerirán seis meses después del fin de la pandemia -cuando sea que esto ocurra- para rastrear el destino del dinero e identificar las irregularidades, que según estimaciones se elevan a miles de millones de reales.

Muchos analistas temen que las acusaciones de corrupción se usen como armas políticas que debiliten aún más la confianza en el sistema.

“Las denuncias han sido usadas por el presidente Bolsonaro y sus simpatizantes contra sus enemigos políticos, particularmente los gobernadores de Sao Paulo, Joao Doria, y de Rio, Wilson Witzel”, que figuran entre sus posibles rivales en las elecciones de 2022, afirma el analista político Geraldo Monteiro, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Witzel, quien se considera “víctima” de una trama con intereses políticos, ha reiterado su inocencia.

El exjuez asegura que él y su esposa están siendo acusados “sin pruebas” por fiscales de los que dijo son próximos a Bolsonaro y en particular al hijo mayor del presidente, el senador Flavio, investigado por corrupción.



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Río DE JANEIRO. Ingrid dos Santos, una enfermera técnica de 28 años, no recibía su salario desde mayo por un contrato en un hospital improvisado que nunca llegó a funcionar en la localidad suburbana de Duque de Caixas.

Pero el salario y la indemnización por su despido siguen apareciendo en su registro de seguridad social, una señal de que alguien está robando dinero público y que trata de disimularlo.

El caso ilustra una de las tantas tretas ideadas para robar millones de reales de los fondos liberados por el gobierno para combatir la pandemia, en el segundo país con más casos y más muertos por el virus.

Brasil tiene un largo historial de escándalos de corrupción, pero incluso para los estándares locales los casos de malversación que se aprovechan de la tragedia causan indignación.

El estado de Amazonas fue acusado de comprar ventiladores con sobreprecio en una tienda de vinos; el gobernador de Rio de Janeiro enfrenta un juicio de destitución por el encargo de siete hospitales de campaña, cinco de los cuales nunca llegaron a construirse; y el secretario de Salud de Brasilia fue arrestado por irregularidades en la compra de pruebas.

En total, en 11 de los 27 estados se han identificado casos de corrupción.

Hasta el nombre y los datos del astro del futbol Neymar fueron usados para pedir, y recibir, el bono mensual de 600 reales (120 dólares) que entrega el gobierno a los brasileños más pobres y afectados por el confinamiento. Los expertos aseguran que la corrupción encontró nuevos canales al inicio de la pandemia.

Las autoridades se apresuraron a comprar ventiladores pulmonares, camas, cubrebocas y alcohol en gel y el Congreso autorizó en abril las compras sin licitaciones y sin los habituales papeleos.

El presidente Jair Bolsonaro se limitó a criticar las medidas de cuarentena ordenadas por los gobernadores y la “histeria” provocada por una “gripecita”, que ya dejó más de 4.1 millones de infectados y más de 126 mil 200 fallecidos en Brasil.

La falta de control en un país federal de 212 millones de habitantes, 27 estados y más de 5 mil municipios favoreció los chanchullos, dijo Guilherme France, de Transparencia Internacional Brasil.

De los 286 mil 500 millones de reales (unos 50 mil millones de dólares) de recursos de emergencia gastados en la pandemia, menos del 8% se usó para combatir el coronavirus, según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Wiechers estima que se requerirán seis meses después del fin de la pandemia -cuando sea que esto ocurra- para rastrear el destino del dinero e identificar las irregularidades, que según estimaciones se elevan a miles de millones de reales.

Muchos analistas temen que las acusaciones de corrupción se usen como armas políticas que debiliten aún más la confianza en el sistema.

“Las denuncias han sido usadas por el presidente Bolsonaro y sus simpatizantes contra sus enemigos políticos, particularmente los gobernadores de Sao Paulo, Joao Doria, y de Rio, Wilson Witzel”, que figuran entre sus posibles rivales en las elecciones de 2022, afirma el analista político Geraldo Monteiro, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Witzel, quien se considera “víctima” de una trama con intereses políticos, ha reiterado su inocencia.

El exjuez asegura que él y su esposa están siendo acusados “sin pruebas” por fiscales de los que dijo son próximos a Bolsonaro y en particular al hijo mayor del presidente, el senador Flavio, investigado por corrupción.



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