Un paro parcial de transportistas de carga y de pasajeros causó este lunes bloqueos de rutas y suspensión de clases en Perú, en la primera paralización contra el gobierno del presidente izquierdista Pedro Castillo.
Las protestas golpean a Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público.
"El tránsito permanece restringido en las diferentes carreteras del país, debido al paro de transportistas de carga pesada", informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
En el distrito de Ate, al este de Lima, la policía lanzó gases lacrimógenos a manifestantes que con neumáticos encendidos y piedras impedían la circulación en la Carretera Central, que conecta la capital peruana con la sierra andina central.
La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes. La paralización se prolongará hasta el martes.
La protesta ocurre en momentos en que Perú sufre además un alza de precios de alimentos.
En Ate varios vehículos sufrieron la rotura de ventanas, al ser atacados con piedras, informaron medios locales.
En las regiones de Ica (sur) y Junín (este) hubo saqueos en comercios y farmacias, según imágenes difundidas por televisoras locales. En Ica (300 km al sur de Lima) fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana.
En un intento de apaciguar los reclamos, el gobierno eliminó el fin de semana el impuesto a los combustibles.
El presidente Castillo, que lleva ocho meses en el gobierno, también decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a 1.025 soles (USD 277) a partir del 1 de mayo.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país, rechazó el porcentaje de aumento salarial indicando que es insuficiente y llamó a sus afiliados a marchar el jueves.
Estas protestas son las primeras de amplitud contra Castillo y ocurren una semana después de que superara una moción de destitución en el Congreso.
La desaprobación de Castillo es de 66%, según un sondeo de Ipsos de marzo.
