BUENOS AIRES (AP) — Miembros de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos instaron el miércoles al gobierno de Chile a queprocure la aprobación del proyecto de ley que despenalizaría elaborto para tres casos en unas audiencias celebradas en BuenosAires en las que la escritora Isabel Allende y organismos civilesrepudiaron las trabas que sufre la iniciativa.
Paulo Vannuchi, comisionado de la CIDH, pidió "los buenosoficios de un país que tiene hoy como presidenta a MichelleBachelet para que impulse la aprobación pendiente en el senado" dela iniciativa que habilitaría el aborto para los casos deviolación, inviabilidad del feto y peligro para la madre, que yacuenta con el aval de los diputados. "En política... las cosastambién se hacen con coraje", afirmó el comisionado.
En un video proyectado durante la audiencia, Allende temió quela iniciativa legislativa, que tiene 70% del apoyo de lapoblación, se pueda postergar “indefinidamente" y al respectoseñaló que el causal de la violación es el que más resistenciassuscita.
La titular de la Fundación Isabel Allende recalcó comosolicitante ante la CIDH que 40.000 adolescentes quedan embarazadasanualmente en Chile, muchas de ellas a causa de los abusos sufridosen el seno de sus familias, y se producen entre 140.000 y 160.000abortos al año.
La escritora apuntó que "lo último que se le ocurre a unviolador es usar un anticonceptivo y por eso el aborto debe ser unaopción" y cuestionó a las fuerzas conservadoras y católicas porintentar "imponer sus creencias a los demás".
En la audiencia pública, entre las primeras celebradas hasta el26 de mayo en el marco del 162 periodo de sesiones de la CIDH enBuenos Aires, participaron además varios representantes del Estadochileno, el Centro de Derechos Reproductivos, la asociación Milesy la chilena Paola Valenzuela, quien relató cómo fue obligada asoportar un embarazo en el que el feto sufrió distintas anomalíasque incluyeron amputaciones y exposición de sus órganos hasta quefinalmente dio a luz a un hijo muerto.
En sintonía con su colega de la CIDH, la comisionada MargaretteMay Macaulay señaló que "es imperativo que el gobierno" chilenointente convencer a las fuerzas conservadoras del Senado de laidoneidad del proyecto "con cifras mundialmente aceptadas" sobrelas lesiones psicológicas y físicas que sufren las mujeres que sepractican abortos y "viven con el temor de una condena decárcel".
"Me preocupa que el proyecto pueda demorarse tanto", dijo lacomisionada, que junto a sus colegas Luis Ernesto Vargas yFrancisco José Eguiguren —titular de la CIDH— expresaron susolidaridad a Valenzuela.
La directora de Miles, Claudia Dides, cuestionó a las fuerzasconservadoras chilenas por "usar todo tipo de recursos paraobstaculizar el debate legislativo" y al gobierno por no haber dadoa la cuestión un tratamiento de "suma urgencia".
"El gobierno se dejó presionar por el activismo integrista, laiglesia y la derecha y por el desorden en el interior de suspropios partidos", criticó Dides, quien expresó su temor de quela iniciativa no sea aprobada "antes de que finalice el actualmandato (gubernamental) en marzo de 2018".
La derecha anunció que recurrirá al Tribunal Constitucionalpara impugnar la constitucionalidad de la iniciativa.
Los representantes del Estado reconocieron que las "visionesencontradas" dan cuenta de la importancia que reviste estainiciativa y destacaron que se celebrasen 200 audiencias en elParlamento para analizarla. "Esperamos que sea despachada a labrevedad... siempre estuvo en tablas en todo el proceso, y no hasido desplazada por otros proyectos", dijo al respecto ClaudiaSarmiento, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
La CIDH trató otras problemáticas de Chile en sus audiencias,como el cuestionado sistema nacional de protección de la niñez.Sebastián Weinborn, abogado de la Fundación Emprender con Alas,destacó la muerte de 1.318 niños y adolescentes en los últimosdiez años y que un fiscal decidiera investigar solo 260 casos.
En las audiencias se abordarán además temáticas de Brasil,Perú, Uruguay y Paraguay, pero la CIDH no realizará exhortos alos Estados durante sus sesiones en Buenos Aires. Los resúmenes deestas audiencias podrán emplearse para la elaboración de futurosinformes o recomendaciones a los gobiernos.
