El defensor de los derechos ciudadanos en Polonia, Adam Bodnar, lamentó la lentitud de Europa para reaccionar a las violaciones del Estado de derecho por el gobierno nacionalista conservador y advirtió de que podría convertirse en un Estado "no democrático".
En una entrevista con la AFP, el defensor del pueblo aseguró que los populistas en el poder "intentan neutralizar o acaparar cada vez más poder".
Este jurista de 44 años realizó estas declaraciones después de que el Tribunal Constitucional le ordenara dejar su puesto dentro de algunas semanas.
El partido Ley y Justicia (PiS), en el poder desde 2015, "margina el papel del parlamento, ha sometido prácticamente al Tribunal Constitucional, a la fiscalía, a los medios de comunicación públicos y a algunas instituciones judiciales", dice.
La Comisión Europea intenta que Polonia y su aliado, Hungría, retomen las normas que considera democráticas.
Según Bodnar, las directrices del ejecutivo europeo provocaron algunos cambios positivos en Polonia en el pasado, pero hubo un cambio cuando Ursula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión, en 2019.
"Tengo el sentimiento de que hay una búsqueda constante de un supuesto compromiso, un consenso y un diálogo con el gobierno polaco... pero que no llega a ninguna parte", asegura.
"Durante ese tiempo, el gobierno ha aprovechado para introducir y consolidar sus cambios, para intentar ir un poco más allá en los límites de la subordinación del poder judicial", estima.
"E incluso si ha habido una reacción de la Comisión, llega demasiado tarde", agrega Bodnar.
Los miembros del PiS, que lo acusan de inclinarse hacia el lado opositor, creen que las reformas son necesarias para luchar contra la corrupción y eliminar los vestigios del comunismo en el sistema judicial.
¿Polexit?
A mediados de mayo, el Tribunal Constitucional tendrá que verse las caras con el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), opuesto a un elemento fundamental de las polémicas reformas judiciales lanzadas por el gobierno.
El tribunal polaco debe decidir si Varsovia está obligada a seguir las directrices de la justicia europea, es decir, tendrá que decir qué derecho prima: si el polaco o el europeo.
Según Bodnar, esta decisión puede provocar una especie de "Polexit jurídico", un precedente que allanaría el camino para que el gobierno ya no respete más las directivas del TJUE, ni pasadas ni futuras.
Y aunque la UE tiene mecanismos de respuesta, como las sanciones financieras, harán falta meses para que este engranaje se ponga en marcha.
"Cada decisión de este tipo es solo un símbolo, pero se acerca hacia un Estado no democrático", dijo.
Según el defensor del pueblo, se trata de una cuestión existencial para la toda la UE.
"¿En qué se va a convertir la Unión Europea? ¿Una comunidad basada en valores democráticos o solo una confederación de Estados que incluya a países democráticos y autoritarios?", se pregunta.
Batalla por la sucesión
Bodnar fue nombrado en su puesto justo antes de que el gobierno actual tomara el poder. Su mandato de cinco años expiró en septiembre y siguió en el cargo porque el gobierno y la oposición no lograron un consenso sobre su sucesor.
El mes pasado, el Tribunal Constitucional consideró que la prolongación del mandato de Bodnar no era compatible con la Constitución y le dio tres meses para irse.
No está claro qué pasará si de aquí a entonces no tiene quién le reemplace.
Bodnar ve el conflicto en torno a su puesto como parte de la estrategia del PiS y considera que quiere garantizarse que el próximo defensor del pueblo "no sea demasiado independiente ni capaz de controlar a quienes ostentan el poder".
