Hace seis años los periódicos informaban acerca de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. De acuerdo con las crónicas, los hechos ocurrieron en la noche del 26 de septiembre del 2014. La policía municipal y estatal de Guerrero había perseguido y atacado a los estudiantes, quienes habían tomado camiones en la terminal, para enviar a la Ciudad de México una comitiva que los representara en la marcha conmemorativa del 2 de octubre. De acuerdo con la información, la intervención policial dejó como saldo al menos 27 heridos, nueve personas fallecidas y 43 estudiantes desaparecidos.
“¿Pero cómo la tierra pudo tragarse a 43 jóvenes así nada más?”, se escuchaba entre las reacciones. Y todos pensaron lo peor cuando encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas, con el rostro desollado.
Sin respuesta sobre el paradero de los estudiantes, las familias de los jóvenes tomaron cartas en el asunto y emprendieron la búsqueda con sus propios recursos, pidiendo a la ciudadanía el apoyo y la visibilización de este caso.
Pronto la indignación hizo eco por todo el país y marchas multitudinarias llenaron las calles, incluyendo las de la capital, hasta donde las madres, padres, hermanos y compañeros de los normalistas viajaron, cargando con mantas y fotografías de los estudiantes, para exigir una pronta respuesta por parte del Gobierno Federal.
A finales de ese mismo año, la Procuraduría General de la República informó sobre la existencia de indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual– dijo– podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con la “verdad histórica del caso” del entonces procurador, Jesús Murillo Karam, policías municipales de Iguala y Cocula había entregado a los estudiantes al grupo criminal “Guerreros Unidos”, quienes asesinaron, incineraron y desaparecieron los cuerpos de los normalistas, tras confundirlos con miembros del cartel rival de “Los Rojos”.
Sin embargo, las familias rechazaron tal información, hasta que hubiera pruebas certeras sobre el deceso de los jóvenes.
Aunque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han abierto nuevas líneas de investigación, en las que se ha señalado a nuevos responsables en el caso – como el ex director de la Agencia Criminal de Investigación (ACI), Tomás Zerón de Lucio–, y se ha hablado del hallazgo de los restos de uno de los normalistas, Christian Alfonso Rodríguez, la familia del joven aún no ha aceptado dicha identificación, y las demás familias siguen sin respuesta sobre el paradero de sus hijos.
A seis años de la llamada “La noche de Iguala”, rememoramos los hechos con este fotoreportaje, en el que se muestran algunas fotografías de archivo,tomadas en octubre y noviembre del 2014 en la Ciudad de México, durante tres manifestaciones encabezadas por las familias de los normalistas, para exigir la aparición con vida de sus hijos.
