/ viernes 28 de junio de 2024

Expediente Q | Aguas


Sigue la polémica sobre la Ley de Aguas de Querétaro; el secretario de gobierno en el estado Carlos Alcaraz, muy seguro afirmó que los queretanos fueron víctimas de una campaña de desinformación sistemática que sugería que la nueva legislación privatizaría el servicio de agua en el estado. Sin embargo, tras la validación de la constitucionalidad de la ley por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es necesario examinar los hechos y entender el verdadero alcance y propósito de la ley.

En primer lugar, reconocer que la SCJN, el máximo órgano judicial del país, ha determinado que la Ley de Aguas de Querétaro es constitucional, esto significa que, tras un riguroso análisis, la ley no infringe los principios fundamentales. El fallo desmiente las afirmaciones de que la ley busca privatizar el agua y, en cambio, respalda su objetivo de garantizar el acceso al derecho humano al agua.

Carlos Alcaraz Gutiérrez enfatizó que la ley prioriza el consumo doméstico por encima de cualquier otro uso. Esta disposición es vital en un contexto donde el acceso al agua es un derecho humano esencial. Garantizar que las necesidades básicas de los ciudadanos sean satisfechas.

Lejos de una privatización, el control y la gestión del agua seguirán siendo públicos, manteniendo así el acceso equitativo y justo para todos los queretanos, insiste el gobierno estatal.

La presidenta del partido Morena en la entidad, Rufina Benítez, ha mantenido que la ley sí tiene un carácter privatizador. Aunque Morena ha mostrado respeto por la resolución de la SCJN, continúan insistiendo en la necesidad de modificar la legislación para garantizar que no se desvirtúe el servicio público del agua.

Esta postura refleja las tensiones políticas de un proceso legislativo que ha sido utilizado como arma electoral, según Alcaraz y Antonio Zapata, la discusión en torno a la ley fue manipulada para desviar la atención y desacreditar al gobernador Mauricio Kuri González.

La Ley de Aguas de Querétaro ha sido objeto de una intensa controversia alimentada por desinformación y agendas políticas. Lo importante es que los queretanos se informen adecuadamente y comprendan que la gestión del agua es y seguirá siendo un bien público.

DE REBOTE

En Amealco muchos panistas colaboraron con el triunfo del candidato “fosfo fosfo” y me dicen que en el caso de Colón, fue el mismo operativo; no piense mal, se trata de esas casualidades que tiene la vida pero nada que ver con traiciones o cosas de ese tipo. Ay ajá



Sigue la polémica sobre la Ley de Aguas de Querétaro; el secretario de gobierno en el estado Carlos Alcaraz, muy seguro afirmó que los queretanos fueron víctimas de una campaña de desinformación sistemática que sugería que la nueva legislación privatizaría el servicio de agua en el estado. Sin embargo, tras la validación de la constitucionalidad de la ley por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es necesario examinar los hechos y entender el verdadero alcance y propósito de la ley.

En primer lugar, reconocer que la SCJN, el máximo órgano judicial del país, ha determinado que la Ley de Aguas de Querétaro es constitucional, esto significa que, tras un riguroso análisis, la ley no infringe los principios fundamentales. El fallo desmiente las afirmaciones de que la ley busca privatizar el agua y, en cambio, respalda su objetivo de garantizar el acceso al derecho humano al agua.

Carlos Alcaraz Gutiérrez enfatizó que la ley prioriza el consumo doméstico por encima de cualquier otro uso. Esta disposición es vital en un contexto donde el acceso al agua es un derecho humano esencial. Garantizar que las necesidades básicas de los ciudadanos sean satisfechas.

Lejos de una privatización, el control y la gestión del agua seguirán siendo públicos, manteniendo así el acceso equitativo y justo para todos los queretanos, insiste el gobierno estatal.

La presidenta del partido Morena en la entidad, Rufina Benítez, ha mantenido que la ley sí tiene un carácter privatizador. Aunque Morena ha mostrado respeto por la resolución de la SCJN, continúan insistiendo en la necesidad de modificar la legislación para garantizar que no se desvirtúe el servicio público del agua.

Esta postura refleja las tensiones políticas de un proceso legislativo que ha sido utilizado como arma electoral, según Alcaraz y Antonio Zapata, la discusión en torno a la ley fue manipulada para desviar la atención y desacreditar al gobernador Mauricio Kuri González.

La Ley de Aguas de Querétaro ha sido objeto de una intensa controversia alimentada por desinformación y agendas políticas. Lo importante es que los queretanos se informen adecuadamente y comprendan que la gestión del agua es y seguirá siendo un bien público.

DE REBOTE

En Amealco muchos panistas colaboraron con el triunfo del candidato “fosfo fosfo” y me dicen que en el caso de Colón, fue el mismo operativo; no piense mal, se trata de esas casualidades que tiene la vida pero nada que ver con traiciones o cosas de ese tipo. Ay ajá


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