México enfrenta una crisis hídrica de proporciones alarmantes, con consecuencias que trascienden los embates de la sequía y desencadenan una tormenta de implicaciones económicas y políticas. La sed ha alcanzado un punto crítico, y el reflejo de esta angustia se observa en las cifras que pintan un cuadro sombrío del estado actual de nuestros recursos hídricos.
Los datos son contundentes. La Conagua revela que más del 70% del país sufre escasez de agua en medio de sequías generalizadas y altas temperaturas. Un panorama que va más allá de las estadísticas y se refleja en manifestaciones ciudadanas, amenazas económicas y la creciente atención de los candidatos presidenciales. La realidad es que el agua está en peligro, y las implicaciones son profundas.
Se estima que por lo menos el 57% de la población mexicana carece de acceso a una fuente de agua confiable y segura, según Planet Water Foundation y MetLife Foundation. Pero más allá de las estadísticas, las voces de ciudades como Torreón, Coahuila, y San Luis Potosí, donde el suministro de agua ya no es una garantía, dan vida a la crisis. Al tiempo que Monterrey continúa con rigurosos horarios de racionamiento, y algunos de sus residentes enfrentan la crudeza de no tener acceso al agua.
La crisis hídrica no sólo amenaza la supervivencia cotidiana, sino que se cierne como una sombra sobre la economía mexicana. Sectores cruciales como la agricultura, la producción de alimentos y bebidas, la fabricación textil, los productos químicos, la construcción, la fabricación de automóviles, la generación de energía y el turismo, enfrentan un futuro incierto. Las empresas, nacionales e internacionales, evalúan trasladar operaciones a México, pero la incertidumbre sobre un suministro confiable de agua se alza como una barrera.
Las implicaciones económicas se entrelazan con los desafíos políticos. La exposición al estrés hídrico podría aumentar la presión sobre los gobiernos locales y regionales, cuya liquidez ya es inferior a la de sus homólogos internacionales. El rendimiento presupuestario podría resentirse, y las inversiones relacionadas con el agua podrían ejercer presión sobre la carga de deuda, generando un complejo equilibrio entre la supervivencia económica y la gestión gubernamental.
Ante este panorama, la respuesta gubernamental se torna crucial, más aún en un entorno preelectoral; pues aunque el aumento en el presupuesto para infraestructuras hídricas es alentador, los desafíos persisten. Los estados y el gobierno central deberán colaborar estrechamente para financiar inversiones significativas. Sin embargo, la deuda podría convertirse en una aliada incómoda, y la garantía de agua para las empresas será un pilar fundamental para atraer inversiones y potenciar el nearshoring.
México enfrenta un dilema que va más allá de las urnas: la supervivencia. La crisis hídrica no espera a que los políticos ganen votos, exige acción inmediata y sostenida. El país necesita líderes dispuestos a enfrentar la magnitud del problema, a dejar atrás la retórica y a trabajar juntos en soluciones concretas.
¿O será la sequía lo que no nos define?
Consultor y profesor universitario
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