En un escenario donde los números revelan un preocupante deterioro del Estado de Derecho en México, las cifras presentadas por el Gobierno federal pintan un sombrío panorama. Los datos muestran un aumento alarmante en los índices de violencia, con un promedio de 93 asesinatos diarios, una cifra que supera significativamente los registros de administraciones pasadas.
Desde la perspectiva de los expertos, los números son alarmantes: un incremento del 77% respecto al periodo de 2006-2012 y un 41% más alto que durante 2012-2018, dejando en claro que la violencia no cede, por el contrario, sigue en ascenso.
Los estados más afectados por esta ola de violencia son Colima, Morelos, Baja California, Zacatecas y Chihuahua, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas regiones encabezan la lista de los lugares más peligrosos, mostrando tasas de violencia que superan los límites preocupantes.
Sin embargo, no es sólo en la violencia donde México muestra sus grietas. El reciente informe del World Justice Project revela que el país ha retrocedido por noveno año consecutivo en su Estado de Derecho, ubicándose en el lugar 116 de 142 países evaluados. Esta disminución del 1.3% en un año, es un claro síntoma de que algo no está funcionando como debería.
La comparación internacional pone a México en una posición incómoda, compartiendo niveles de gobernanza con naciones como Angola y Turquía, mientras que a nivel regional, nuestro país se ubica en el lugar 27 de 32 países de América Latina y el Caribe, revelando una tendencia inquietante que debería encender las alarmas.
La crisis del Estado de Derecho en México no sólo se manifiesta en las cifras de violencia y en la baja calificación internacional. También se refleja en el funcionamiento de sus instituciones, la lucha contra la corrupción y la garantía de derechos fundamentales.
En ese sentido es preciso destacar que si bien la pandemia ha afectado la salud, también ha exacerbado las debilidades preexistentes en nuestro sistema judicial. Las restricciones a los poderes gubernamentales, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto y otros indicadores han experimentado caídas significativas, afectando la salud general del Estado de Derecho.
Es evidente que se requieren mayores medidas para revertir esta tendencia negativa. Más allá de los discursos y las promesas, la verdad es que México enfrenta diversos desafíos, pero también presenta oportunidades significativas tanto para restablecer la confianza en sus instituciones como para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Dado lo anterior, es evidente que no sólo enfrentamos desafíos internos, sino que también nos encontramos en el ojo crítico de la comunidad internacional. Ante este panorama, las preguntas que resuenan son inevitables, pues estas cuestiones no pueden quedarse en el papel, se necesitan respuestas concretas y acciones efectivas. La reconstrucción de nuestro tejido social debe convertirse en una prioridad inaplazable.
¿O será la confianza y no la violencia lo que no nos define?
Consultor y profesor universitario
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