/ martes 27 de febrero de 2024

Activistas promueven su propia ley de agua

Apoyan la iniciativa presentada en abril de 2022 por la senadora por Morena, Gloria Sánchez

Organizaciones civiles en Querétaro instaron al Senado de la República a considerar el predictamen que respete los consensos ciudadanos en la Ley General de Agua del país, ya que argumentan que las iniciativas promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no abordan el acaparamiento y el sobreconcesionamiento del vital líquido.

Durante rueda de prensa, Claudia Romero, abogada y promotora de la defensa del agua en Querétaro, indicó que el pasado 13 de febrero, se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de "Ley General de Acceso al Agua", presentada por siete diputados del PAN. Sin embargo, esta propuesta y otra que se espera sea presentada por el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, de Morena, no satisfacen las demandas de las organizaciones civiles.

De acuerdo con lo dicho por la también integrante de Bajo Tierra Museo del Agua, estas iniciativas dejarían intacta la Ley de Aguas Nacionales (LAN), lo que impediría abordar adecuadamente la actual crisis hídrica y corregir el sobreconcesionamiento.

En ese sentido, indicó que la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (ICLGA), redactada por la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida en 2013, ha sido un punto de referencia para las organizaciones civiles. Esta iniciativa, entregada hace tres años, después de un amplio proceso ciudadano, propuso 12 Consensos por el Agua, los cuales fueron respaldados en más de 400 foros, talleres, congresos y reuniones nacionales.

A pesar de los esfuerzos, la ICLGA no ha sido dictaminada en la LXIV Legislatura. Sin embargo, el 27 de abril de 2022, la Senadora Gloria Sánchez, de Morena, presentó una Iniciativa de Ley General de Aguas que recoge estos esfuerzos. Mientras tanto, el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez afirmó tener lista una Iniciativa de Ley General de Aguas y estar a la espera de acuerdos con autoridades federales.

Las preocupaciones sobre las iniciativas propuestas se centran en su falta de abordaje efectivo de problemas como el acaparamiento hídrico y la privatización del servicio. La Contraloría Ciudadana por el Derecho Humano al Agua de Querétaro, como parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, ha expresado su rechazo a la participación multisectorial y sin consensos sociales en la elaboración de estas iniciativas.

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Este rechazo se suma al llamado de alerta nacional que diversas organizaciones y comunidades han hecho en distintos estados del país. Advierten que las iniciativas de "ley a modo" dan continuidad al modelo detrás de la crisis hídrica que afecta principalmente a la población vulnerable, mientras benefician a los grandes usuarios del agua.

Finalmente, refirió que, en Querétaro, el acaparamiento hídrico a través de más de 22 operadoras privadas de servicios de agua vinculadas a intereses político-económicos en la expansión urbana, ha sido ampliamente documentado, lo cual, dijo, confirma los riesgos del modelo de abastecimiento privado que ya había advertido la ONU en 2020.


Organizaciones civiles en Querétaro instaron al Senado de la República a considerar el predictamen que respete los consensos ciudadanos en la Ley General de Agua del país, ya que argumentan que las iniciativas promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no abordan el acaparamiento y el sobreconcesionamiento del vital líquido.

Durante rueda de prensa, Claudia Romero, abogada y promotora de la defensa del agua en Querétaro, indicó que el pasado 13 de febrero, se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de "Ley General de Acceso al Agua", presentada por siete diputados del PAN. Sin embargo, esta propuesta y otra que se espera sea presentada por el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, de Morena, no satisfacen las demandas de las organizaciones civiles.

De acuerdo con lo dicho por la también integrante de Bajo Tierra Museo del Agua, estas iniciativas dejarían intacta la Ley de Aguas Nacionales (LAN), lo que impediría abordar adecuadamente la actual crisis hídrica y corregir el sobreconcesionamiento.

En ese sentido, indicó que la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (ICLGA), redactada por la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida en 2013, ha sido un punto de referencia para las organizaciones civiles. Esta iniciativa, entregada hace tres años, después de un amplio proceso ciudadano, propuso 12 Consensos por el Agua, los cuales fueron respaldados en más de 400 foros, talleres, congresos y reuniones nacionales.

A pesar de los esfuerzos, la ICLGA no ha sido dictaminada en la LXIV Legislatura. Sin embargo, el 27 de abril de 2022, la Senadora Gloria Sánchez, de Morena, presentó una Iniciativa de Ley General de Aguas que recoge estos esfuerzos. Mientras tanto, el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez afirmó tener lista una Iniciativa de Ley General de Aguas y estar a la espera de acuerdos con autoridades federales.

Las preocupaciones sobre las iniciativas propuestas se centran en su falta de abordaje efectivo de problemas como el acaparamiento hídrico y la privatización del servicio. La Contraloría Ciudadana por el Derecho Humano al Agua de Querétaro, como parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, ha expresado su rechazo a la participación multisectorial y sin consensos sociales en la elaboración de estas iniciativas.

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Este rechazo se suma al llamado de alerta nacional que diversas organizaciones y comunidades han hecho en distintos estados del país. Advierten que las iniciativas de "ley a modo" dan continuidad al modelo detrás de la crisis hídrica que afecta principalmente a la población vulnerable, mientras benefician a los grandes usuarios del agua.

Finalmente, refirió que, en Querétaro, el acaparamiento hídrico a través de más de 22 operadoras privadas de servicios de agua vinculadas a intereses político-económicos en la expansión urbana, ha sido ampliamente documentado, lo cual, dijo, confirma los riesgos del modelo de abastecimiento privado que ya había advertido la ONU en 2020.


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