Sin considerar las cuotas para grupos de atención, pero sí la 3 de 3 contra la violencia, la alternancia de género por periodo electivo en las diputaciones y regidurías de representación proporcional, la creación de bloques poblacionales para garantizar la participación de las mujeres, y el arranque del proceso electoral 2023-2024 en la tercera semana de noviembre, fue aprobada la nueva ley electoral del estado de Querétaro.
Durante sesión virtual del Instituto Electoral del estado (IEEQ), Daniel Dorantes Guerra y Karla Isabel Olvera Moreno, consejeros, emitieron un voto particular y concurrente, respectivamente, al lamentar que no fueran consideradas las cuotas para grupos de atención prioritaria, tales como jóvenes, migrantes, personas en situación de discapacidad y de la diversidad sexual.
Daniel Dorantes incluso propuso que se rechazara el dictamen y se volviera a presentar para considerar todas las acciones afirmativas, mientras que la consejera Karla Isabel coincidió en diferir del proyecto por no incorporar acciones afirmativas, pese a la obligación del instituto de diseñar y proponer acciones que permitan disminuir la brecha de desigualdad.
En la sesión, Adolfo Camacho Esquivel y Emmanuel Zárate González, representantes de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respectivamente, también lamentaron que el IEEQ no contemplara las cuotas para grupos vulnerables y consideraron que se debe velar por la progresividad y no por el retroceso.
“Sí a las cuotas para los jóvenes, personas migrantes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y personas de la diversidad sexual, decimos fuerte y claro no a las cuotas para los cuates, no al amiguismo, no al influyentismo”, subrayó Zárate González.
Al respecto, las consejerías integrantes de la comisión jurídica, encargada de presentar y aprobar, previamente, la propuesta de ley electoral, justificaron la eliminación de las cuotas debido a la suspensión del plan B electoral, en el que se estableció la facultad de diseñar las cuotas al Congreso, por lo que señalaron que está en manos de la Legislatura mejorar los procesos electorales de la entidad. Asimismo, comentaron que se entregará a la Legislatura el documento que realizó la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) sobre la consideración de las cuotas para grupos vulnerables.
Además, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, consejero electoral, destacó la incorporación de la figura de voto de las personas en prisión preventiva, las cuales podrán votar en Querétaro el próximo 2024, con base en los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral (INE), esto luego de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"Es un documento institucional que contiene elementos para afrontar el proceso electoral. Comentar que en la reunión con la Legislatura quedó claro el interés de tener una ley que permita organizar con mayor eficiencia un proceso electoral", enfatizó.
De acuerdo con el proyecto de ley aprobado, se propuso como acción afirmativa, en favor de las mujeres, la obligación de los partidos políticos de postular mujeres para que encabecen las planillas de Ayuntamientos en al menos tres de los seis municipios con mayor población en el estado, sin que pueda postularse exclusivamente mujeres en los tres municipios con menor población de dicho bloque.
"La medida que se propone tiene como única finalidad precisar desde un enfoque cuantitativo la forma en cómo los partidos políticos deben cumplir con la obligación constitucional y legal de presentar sus candidaturas para cumplir con el mandato en materia de paridad de género a partir del criterio poblacional. Ahora bien, la medida es idónea porque de los datos actuales es importante destacar que, derivado del Proceso Electoral Local 2020-2021 en Querétaro, actualmente cinco de los 18 municipios se encuentran encabezados por mujeres", dice el documento.
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De igual forma se aprobó la creación del Sistema estatal para el registro de candidaturas en línea, y se incorporan como causales de inelegibilidad diversas conductas consistentes en no encontrarse en la etapa de ejecución de una sentencia definitiva o pendiente de ejecutarse bajo ninguno de los siguientes supuestos: violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y como deudora alimentaria o morosa que atenten contra las obligaciones alimentarias.
