Los asistentes a la primera Mesa de Análisis de Iniciativas de Ley de Aguas en Querétaro, coincidieron en que la actual propuesta hecha por los diputados del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) Querétaro Independiente, pretenden privatizar el vital líquido, a pesar de que ni los promoventes ni el gobernador del estado la reconocen como tal.
Organizada por Omar Chávez Alegría, director de obras de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la primera mesa de análisis congregó a expertos de la academia y de organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con Genaro García Guzmán, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, actualmente hay 22 concesiones detectadas en la zona metropolitana otorgadas durante 2017 y 2019.
“Hemos documentado de algunas de las consecuencias medioambientales de este peligroso modelo que buscan cobijarse bajo este tipo de iniciativas”, apuntó.
García señaló que el mismo gobernador ha dicho que esta propuesta busca darle certidumbre a las empresas y las personas, “habría que ver quiénes gozarán de esos privilegios”.
Claudia Romero, encargada de asuntos legales de Bajo Tierra Museo del Agua, señaló que cuando se habla del derecho humano al agua cuando se le debe garantizar el recurso a una persona para que pueda vivir dignamente, establecido por un volumen mínimo vital, que no se vea afectado por cortes ni lejanía y que cumpla con estándares de calidad.
“Están transgrediendo el derecho humano al agua y es parte de la mercantilización del recurso”, acusó. Romero también refirió que el informe del relator de la ONU da cuenta de ejemplos en los que se concesiona el recurso, en los que prima el ánimo de lucro y los intereses privados, por encima del cumplimiento de los derechos fundamentales.
María de Jesús Ibarra, ex diputada por el Partido Encuentro Social (PES) señaló que se pretende formalizar la privatización a través de las concesiones de agua. “Podemos afirmar que las 22 concesiones que existen son ilegales porque la CEA es únicamente la responsable de proveer el bien”.
De acuerdo con Ibarra,tres cuartas partes de la iniciativa se dedican a regular los términos en los que la CEA le delegará la responsabilidad de abastecer de agua para que pase a manos de los concesionarios.
Claudia Romero, encargada de asuntos legales de Bajo Tierra Museo del Agua, señaló que cuando se habla del derecho humano al agua cuando se le debe garantizar el recurso a una persona para que pueda vivir dignamente, establecido por un volumen mínimo vital, que no se vea afectado por cortes ni lejanía y que cumpla con estándares de calidad.
“Están transgrediendo el derecho humano al agua y es parte de la mercantilización del recurso”, acusó. Romero también refirió que el informe del relator de la ONU da cuenta de ejemplos en los que se concesiona el recurso, en los que prima el ánimo de lucro y los intereses privados, por encima del cumplimiento de los derechos fundamentales.
De acuerdo con el investigador Raúl Pineda, la iniciativa debería recuperar “el valor intrínseco del recurso”, en términos de lo que representa para la humanidad y para la naturaleza; por el contrario, sostuvo que se ha priorizado el bien mercantil. El académico acusó que ni siquiera esta disponible la cantidad real de agua en el estado.
“Tenemos una cantidad de agua limitada y la estamos llevando a las ciudades, pero las ciudades son como una cubeta con agujeros en donde perdemos del 60 al 40% en fugas, ¿entonces por qué pedimos agua de otros lugares?”, expresó Pineda, que también refirió que en ninguna de las iniciativas se busca resolver esta problemática que continúa dejando sin el recurso a las comunidades rurales.
Señaló que lo que hay que volver tema es la manera de hacer eficiente el uso del agua, pues a pesar de que existe crecimiento en infraestructura, como es el caso del municipio de Tolimán, donde hay un 87% de cobertura, pero una falta constante de suministro.
Pamela Siurob aseguró que la del PAN y del Querétaro Independiente “no es una ley de Aguas, es una ley que menciona la forma de administración del agua por un organismo”. Consideró que la iniciativa es un retroceso, pues luego de que en 2012 se reconociera el derecho humano al agua en el Código Urbano, esta iniciativa lo borra y lo deja de lado.
En cuanto al saneamiento, Claudia Romero sostuvo que “se nos olvida que también el saneamiento es dignidad; en el tema de las concesiones se busca tener acceso al abastecimiento pero ¿quién se hace cargo del saneamiento?”. Aseguró que entre las consecuencias de las 22 concesiones que ya se han otorgado, ya se ha visto que nadie se está haciendo cargo de las aguas residuales. En la iniciativa tampoco se incluyen ecotecnias ni opciones alternativas.
La especialista en gobernanza Joyce lamentó que no hay presencia de la sociedad civil en ambas propuestas, ni tampoco regulaciones de transparencia, pues solamente se reducen a una hoja de ruta para concesionar y ver a las personas como usuarias.
