El municipio de Cadereyta de Montes y la LX legislatura analizan un mecanismo jurídico para recaudar recursos que permitan subsanar el pago de 11 millones de pesos a la CFE por el servicio de alumbrado público, luego de que la SCJN declaró inconstitucional este cobro a la ciudadanía.
En entrevista, Miguel Martínez Peñaloza, presidente municipal de Cadereyta, señaló que la intención es que desde la ley de ingresos del municipio se puedan recaudar alrededor de cinco millones de pesos para no impactar en la recaudación de ingresos de la demarcación que, al año, asciende a 17 millones de pesos.
“Estamos legalmente haciendo una justificación para que este derecho sea cobrado a la ciudadanía y no sea inconstitucional en primera instancia, de no lograrlo tendríamos que pagar de los recursos propios que en Cadereyta son 17 millones de pesos para todo un año fiscal. Estamos en pláticas con la legislatura local para que en la ley de ingresos pueda manifestarse que no sea ilegal el cobro”, indicó.
Martínez Peñaloza explicó que, previo a considerarse inconstitucional el cobro el derecho de alumbrado público (DAP), los habitantes de Cadereyta de Montes aportaban alrededor de cinco millones de pesos por este servicio y el municipio el restante correspondiente a cerca de seis millones de pesos, por lo que al eliminarse este pago de la sociedad la administración municipal deberá solventar el pago en su totalidad.
“El cobro de derecho de alumbrado público por Cadereyta más o menos es de 11 millones de pesos anuales, se recaudaban entre 5 y 6 y el resto se pagaba, ahora por ser inconstitucional no se va a hacer ese cobro a la ciudadanía en cada recibo y el municipio tendrá que pagar 11 millones de pesos por derecho de alumbrado público”, detalló.
