/ martes 9 de octubre de 2018

Cientos de fraccionamientos sin entregar en Querétaro

Urge actualizar el Código Urbano para acabar con los problemas que se enfrentan en el área metropolitana, ya que tan sólo en el municipio de Querétaro hay 265 fraccionamientos sin entregar desde los años 80, aseguró la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LIX legislatura local, diputada Abigail Arredondo.

Afirmó que el Código Urbano que se encuentra vigente se creó en 2012 y se reformó en 13 ocasiones, lo que demuestra que las condiciones locales rebasaron esa legislación desde hace tiempo, aunque el 84.6% de la población del estado se encuentra en las zonas urbanas.

Además, dijo, se tienen 52 programas de desarrollo urbano municipales y estatales, que “también están rebasados porque no se han actualizado conforme al crecimiento de la zona conurbada y tenemos un alto rezago en la entrega de fraccionamientos, tan sólo en el municipio de Querétaro tenemos 265 fraccionamientos sin entregar desde los años 80”.

Esa falta de entrega a los ayuntamientos deja a los fraccionamientos sin seguridad jurídica y complica que se les brinden todos los servicios de manera eficiente, a pesar de que el acceso a los servicios es también un elemento del desarrollo sustentable.

“El código urbano se emitió el 31 de mayo de 2012, se ha reformado en 13 ocasiones, la última fue hace unos días y está rebasado por la dinámica que hoy tenemos de crecimiento”, sostuvo la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al proponer un nuevo ordenamiento más moderno en materia urbana, la legisladora consideró que los cambios permitirán también dar seguridad jurídica a las escuelas y las clínicas que se encuentran en la entidad, incluso para dar certeza sobre el uso, aprovechamiento y reuso del agua.

Reiteró que se trata de impulsar acciones concretas para actualizar el código urbano y el sistema de planeación urbana, con base en las nuevas leyes federales de asentamientos urbanos y promover la participación ciudadana para la actualización de los planes parciales de desarrollo.

Urge actualizar el Código Urbano para acabar con los problemas que se enfrentan en el área metropolitana, ya que tan sólo en el municipio de Querétaro hay 265 fraccionamientos sin entregar desde los años 80, aseguró la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LIX legislatura local, diputada Abigail Arredondo.

Afirmó que el Código Urbano que se encuentra vigente se creó en 2012 y se reformó en 13 ocasiones, lo que demuestra que las condiciones locales rebasaron esa legislación desde hace tiempo, aunque el 84.6% de la población del estado se encuentra en las zonas urbanas.

Además, dijo, se tienen 52 programas de desarrollo urbano municipales y estatales, que “también están rebasados porque no se han actualizado conforme al crecimiento de la zona conurbada y tenemos un alto rezago en la entrega de fraccionamientos, tan sólo en el municipio de Querétaro tenemos 265 fraccionamientos sin entregar desde los años 80”.

Esa falta de entrega a los ayuntamientos deja a los fraccionamientos sin seguridad jurídica y complica que se les brinden todos los servicios de manera eficiente, a pesar de que el acceso a los servicios es también un elemento del desarrollo sustentable.

“El código urbano se emitió el 31 de mayo de 2012, se ha reformado en 13 ocasiones, la última fue hace unos días y está rebasado por la dinámica que hoy tenemos de crecimiento”, sostuvo la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al proponer un nuevo ordenamiento más moderno en materia urbana, la legisladora consideró que los cambios permitirán también dar seguridad jurídica a las escuelas y las clínicas que se encuentran en la entidad, incluso para dar certeza sobre el uso, aprovechamiento y reuso del agua.

Reiteró que se trata de impulsar acciones concretas para actualizar el código urbano y el sistema de planeación urbana, con base en las nuevas leyes federales de asentamientos urbanos y promover la participación ciudadana para la actualización de los planes parciales de desarrollo.

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