El titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, Javier Rodríguez Uribe, confirmó que tienen abierto un proceso de investigación por un presunto fraude en el programa de becas municipales.
“Actualmente tenemos abierto un expediente de investigación en este tema de becas, estamos muy próximos a definir si existe o no una falta administrativa, y en consecuencia si existe o no un servidor público responsable, es un expediente que está abierto”, dijo.
Señaló que la investigación que está a punto de concluir, inició en el segundo trimestre del año pasado por una denuncia que presentó directamente la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio.
“Este expediente inicia por la denuncia que formula directamente la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, ellos son los denunciantes al advertir o presumir que hay irregularidades en este programa, ellos son los que denuncian directamente y abren el expediente”, dijo.
Indicó que la Ley General de Transparencia no permite compartir información detallada sobre el caso, porque puede obstruir el procedimiento y el proceso de investigación; además de que no se establece un plazo para generar este tipo de investigaciones.
También indicó que la investigación se lleva a cabo desde un enfoque de auditoría, lo que “implica un trabajo muy especializado, con personal con conocimientos en contabilidad, en Derecho, en administración e incluso en sistemas informáticos”.
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Dijo desconocer cuántos servidores públicos han acudido a declarar ante la Fiscalía por este caso, pues dijo que como Órgano Interno de Control su función es coadyuvar aportando las pruebas que esa dependencia les requiera.
“Como Órgano Interno de Control lo que nosotros hacemos es coadyuvar con la Fiscalía aportando las pruebas que ellos nos requieran, y así lo hemos venido realizando, sin embargo el desahogo de prueba como tal, sí corre a cargo de fiscalía, y no tendría ese dato”, dijo.
Finalmente, el funcionario prefirió no especular sobre las posibles sanciones que en materia penal pudieran aplicarse a los servidores públicos involucrados en este caso, toda vez que éstas las fija una autoridad jurisdiccional, que en este caso sería el juez de oralidad penal.
En mayo de 2022, el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, informó a los medios de comunicación, que había una investigación abierta por el caso de un ex funcionario público que presuntamente falsificó usuarios y cobró algunas becas en el año 2019.
