El estado de Querétaro ocupa el lugar número 13 con mayor número de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género a nivel nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
En la entidad, se han reportado ocho casos de personas que han sido sancionadas e incluidas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.
El registro lo encabeza el estado de Oaxaca con 133 casos de violencia contra las mujeres en razón de género, seguido de Veracruz con 46 y Tabasco con 30 hechos.
En el caso de Querétaro, se trata de tres funcionarios de los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT), dos excandidatos, dos periodistas y un expresidente municipal.
Entre los funcionarios de partidos sancionados se encuentra Ángel Balderas Puga, actual consejero de Morena y quien fungía como presidente del consejo político del partido en el momento de la falta, sancionado desde 2021 por realizar expresiones verbales a través de una red social y un medio de comunicación impreso con las que se buscó invisibilizar a una mujer y menoscabarla en su derecho a ser votada. En el caso de Ángel, su permanencia en el registro será hasta el 27 de enero de 2027.
Otro de los funcionarios de partido señalados es Jorge Salazar Marchan, comisionado político del PT, quien tuvo una omisión de enviar a la comisión de justicia la denuncia intrapartidista presentada por la víctima; en este caso se aplicó una amonestación pública en 2021 y saldrá de éste el próximo 22 de julio de este año. En tanto, Rubén Lugo Sánchez, integrante de diversas comisiones del PT, fue sancionado con una amonestación pública por realizar expresiones ofensivas a través de mensajes de texto; su inclusión fue en 2021 y saldrá también el 22 de julio.
En este registro también se encuentran los periodistas Armando Guerra Vázquez quien hizo la publicación de notas en portales de noticias de internet que contienen expresiones que menoscaban la capacidad de la víctima, para que por sí misma pudiera acceder a cargos públicos, mientras que Claudio Gerardo González Osornio realizó una publicación de una columna de opinión en un portal digital que demeritó las capacidades de la víctima y la invisibilizó. En ambos casos se aplicó una multa económica; Armando fue sancionado en 2022 y dejará el registro el 6 de diciembre de 2027, mientras que Claudio fue sancionado en 2023 y saldrá el 29 de marzo próximo.
Asimismo, los excandidatos sancionados son Juan Guzmán Cabrera, alcalde con licencia de Huimilpan y quien buscará la reelección, por haber realizado expresiones durante una rueda de prensa basadas en estereotipos de género para restarle valor al desempeño del cargo de la víctima; en 2022 se le aplicó una multa económica y saldrá del registro el 18 de junio de 2027. Mientras que Martín Jiménez Ramos realizó expresiones durante un mitin político para presentar a la mujer como una persona que debe cumplir cierto estándar de apariencia física, menoscabando así su derecho a ser votada; en 2021 le fue aplicada una multa económica y saldrá del registro el 8 de diciembre de 2025.
En tanto, el exalcalde sancionado, quien se encuentra detenido por presuntos hechos de corrupción, es José Alejandro Ochoa Valencia, quien tuvo una actitud de menosprecio clasificada como un machismo denominado mansplaining, esto por ubicar a la víctima en una posición desde la que se pretendió aleccionarla por la promoción de su imagen; en este caso se dio vista a un superior jerárquico en 2020 será el 6 de noviembre de 2024 cuando salga del registro.
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