La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado al menos 10 casos de tortura de personas privadas de la libertad en el estado de Querétaro, informó Abigail Escalante Tirado, activista integrante de la asociación civil, quien dijo que a través de esta se obliga a las personas a declararse culpables.
En el marco del día por los derechos humanos, Escalante Tirado señaló que los 10 casos cuentan con el protocolo de Estambul activado, además de que en otros tres el juez del caso ha solicitado que se elabore dicho protocolo.
"Estos tres casos adicionales son amparos que se han devuelto al juez de primera instancia, el juez manda a la elaboración de un protocolo ya para tener por acreditado que se llevó el debido proceso y para que no vuelva a subsanarse ninguna parte, pero no es el mecanismo correcto", enfatizó.
Durante una manifestación a las afueras de la Unidad de Tortura, la activista indicó que a nivel nacional se tiene conocimiento de 110 casos de tortura durante el proceso de detención y en las instalaciones de los ministerios públicos. Agregó que, debido a la pandemia, desde hace dos años no han podido ingresar a los centros penitenciarios para conocer si existe tortura por parte de los custodios.
"Tenemos casos tan absurdos donde el protocolo de Estambul está acreditado y la Fiscalía dice que no pudo haber existido tortura a pesar de que la persona tuviera golpes en estómago, cara, golpes directos a puño cerrado, y la fiscalía ha dicho, en algunos casos, la persona fue detenida 3:30 y presentada a las 4 de la tarde, entonces se le presentó a tiempo y no pudo haber existido tortura", detalló.
La activista urgió al Congreso de Querétaro a trabajar en la ley de amnistía para liberar a los internos que cuentan con el protocolo de Estambul positivo, y agregó que son pocos los estados en el país los que ya cuentan con una reglamentación al respecto.
"Vemos que a Querétaro no han llegado las reglas de operación para la amnistía de presos que tienen el protocolo de Estambul positivo, entonces también estamos urgiendo al Congreso del estado para acelerar la emisión de esta ley y que mucha gente pueda salir libre", comentó.
La activista acudió en compañía de varias familias de internos que acusaron que los detenidos han sido víctimas de distintas agresiones por parte del personal de los centros penitenciarios, a quienes también señalaron de ingresar droga a los penales.
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