Hoy queridas lectoras y lectores, les quiero recordar que el 1 de marzo fue el Día Internacional de la Cero Discriminación y el lema de este año fue el siguiente “Despenalizar salva vidas”. Este 1 de marzo celebramos el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. El Día de la Cero Discriminación pone de manifiesto cómo todas las personas pueden informarse, fomentar la inclusión, la compasión, la paz y sobre todo, un movimiento por el cambio. Este día contribuye a crear un movimiento mundial de solidaridad para poner fin a cualquier forma de discriminación.
En este contexto, quiero comentarles que el Plan B, para la reforma de las leyes secundarias en materia electoral, ha sido analizado por varias personas expertas de la academia, del periodismo de investigación y por personas y organizaciones de derechos humanos y más allá de los claro-oscuros de cualquier iniciativa de reforma, hay un punto donde se coincide totalmente: El Plan B reducirá significativamente (en un 50%), las acciones afirmativas, que tienen como objetivo lograr la representación electoral efectiva de grupos de personas en situación de discriminación, que se había logrado avanzar de mano del INE, en las elecciones de 2021.
En su muy comentado artículo en Gatopardo “¿Eres parte de algún grupo discriminado? El Plan B pone en riesgo tus derechos”, Roberto Zedillo Ortega pone de manifiesto que si la reforma electoral se aprueba como está redactada disminuiría la probabilidad de acceder a candidaturas para las personas jóvenes, indígenas, afromexicanas, LGBTIQ+, migrantes o con discapacidad. Esto sería el resultado directo de la reducción de las acciones afirmativas. La propuesta legislativa es que los partidos reserven mínimo 25 candidaturas a diputaciones (del total de 500) para la gente joven, afromexicana, indígena, con discapacidad, LGBTIQ+ y residente en el extranjero. A pesar de parecer progresista, esta medida implicaría graves pérdidas, pues el INE ha impulsado que el mínimo de candidaturas para estos grupos hoy sea mayor. Por ejemplo, en las elecciones de 2021, el INE obligó a que cada partido o coalición destinara al menos 30 postulaciones para diputaciones a personas indígenas, otras ocho a personas con discapacidad, cinco a migrantes y residentes en el extranjero, cuatro a personas afromexicanas y tres a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ -un total mínimo de cincuenta candidaturas (es decir, el doble de lo que exige la reforma)-.
Además, el INE usualmente establece reglas claras para que los partidos asignen este tipo de postulaciones: identifica los distritos electorales con al menos 40% de población indígena para que ahí se cumpla la cuota por mayoría relativa o señala en qué lugares de las listas de representación proporcional se debe ubicar a las fórmulas de quienes pertenecen a estas minorías (por ejemplo, en 2021 fue en los primeros diez lugares de las listas). El Plan B actual no sólo reduce el número mínimo de candidaturas, tampoco establece cuántas corresponden a cada grupo discriminado ni define con precisión cómo se debe asignar cada una por separado, más allá de referir que se pueden aplicar en cualquier distrito electoral (en los casos de mayoría relativa) y en dos bloques ubicados en los primeros veinte lugares de las listas (en los casos de representación proporcional). Esto, en lugar de dar mayor certeza jurídica sujeta a quienes pertenecen a un grupo discriminado a decisiones más discrecionales, tomadas por las cúpulas partidistas.
Esto último pasó con las acciones afirmativas en el estado de Querétaro durante las elecciones de 2021, donde el IEEQ a petición de grupos de la sociedad civil, accedió a implementarlas localmente durante esa elección, y debido al poco tiempo con que el INE anunció las acciones afirmativas a nivel federal, el acuerdo local fue meter a todas las acciones afirmativas de todos los grupos en situación de discriminación, excepto la acción afirmativa de personas indígenas en una “sola bolsa” y el resultado fue una sobrerrepresentación de las personas adultas mayores y jóvenes, que sí pudieron tener representación en la Legislatura, a costa de las personas que más requerían representación por acción afirmativa: las personas con discapacidad, afromexicanas y LGBTIQ+, que no están representadas en el Congreso local, cosa que sí se logró con la Acción afirmativa indígena.
Con base en esa experiencia agridulce con las acciones afirmativas implementadas por la buena voluntad del IEEQ, es que se acordó entre todos los partidos hacer un estudio para proponer para las elecciones de 2024 un mecanismo más refinado que realmente logre la representación equitativa de las personas con discapacidad, LGBTIQ+ y afromexicanas, tomando como base el modelo de acción afirmativa indígena.
Sabemos que dicha propuesta para tener un modelo de acciones afirmativas más equitativo en el estado de Querétaro se presentará este mes de marzo a la Legislatura de Querétaro y la sociedad civil organizada estaremos demandando que dichos cambios sean aprobados a la brevedad por la Legislatura queretana. Y le recordamos a las y los legisladores queretanos, que no se puede ser congruente si sólo se critican los cambios a nivel federal y no se llevan a cabo a nivel estatal. La democracia queretana así lo exige.
