El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Querétaro presentó este lunes una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ) por violaciones a derechos humanos en contra de Layda Sansores, gobernador de Campeche, con el objetivo de exigir que se protejan los derechos humanos y políticos de las diputadas federales del PRI.
Esto, ante los actos de violencia política en razón de género por parte de la gobernadora de Campeche contra legisladoras federales del PRI; dicha acción fue replicada entre el viernes pasado y este lunes por todos los comités estatales del partido en sus respectivos órganos de derechos humanos locales.
En rueda de prensa, Abigail Arredondo Ramos, presidenta del PRI en el estado, señaló que, si bien no hay diputadas federales de Querétaro, la intención es que la queja se turne a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que en Querétaro quede constancia de lo ocurrido.
“Si bien podrán decir no hay ninguna diputada hoy que viva aquí, pero sí viendo la norma podemos replicar esta denuncia en lo local, porque queremos que esto no quede impune, que esto nos sirva para que nunca más en la vida vuelva a suceder”, afirmó.
Arredondo Ramos señaló que se busca que quede una evidencia de la violación de derechos humanos por los comentarios de que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, tiene fotos íntimas de las diputadas federales que enviaron al priista.
“Sí que se turne, pero también que quede aquí la evidencia, no solo platicado, sino una evidencia formal, con un documento formal, con todos los elementos que se requiere, para que vean que el eco se está haciendo por parte de todos los comités”, puntualizó.
Sobre la problemática de violencia política que se ejerce en el estado, detalló que de 2019 a marzo de 2022 se han presentado ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) 51 denuncias por violencia política en razón de género, 31 de las cuales se dieron en el pasado proceso electoral, mientras que el restante están relacionadas con el ejercicio de gobierno, principalmente de regidoras.
“Aquí en el estado ha habido ya sentencias, por este delito, por esta falta en diferentes municipios, investigaciones, denuncias. Son más de 30; hay que recordar que, por ejemplo, en el municipio de Cadereyta el exalcalde tuvo que pasar algunas horas detenido, porque parte de la sentencia era eso”, dijo.
