El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud, debe garantizar el acceso al aborto a las víctimas de violación como lo establece la NOM-046, así como la implementación de políticas públicas para garantizar el acceso a este derecho, consideró Mariela Ponce Villa, magistrada del Poder Judicial de Querétaro.

En el marco del Día Global de Acción por un Aborto Legal y Seguro, subrayó que los gobiernos deben contar con políticas que respalden la decisión de la mujer, la cual calificó como drástica y muy dura, con la finalidad de que las mujeres cuenten con todo lo necesario para dicha práctica.

Añadió que en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no se ha judicializado un solo caso por el delito del aborto en el estado, pese a que tan solo este año la Fiscalía General del Estado ha iniciado 22 carpetas de investigar por dicho delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Tendría que ser desde los gobiernos de los estados, a través de las secretarías de salud respectivas, quienes lo vayan implementando, nosotros desde el Poder Judicial quedamos fuera de eso. Incluso, decirles que no teníamos ningún caso de alguna mujer procesada o que estuviera purgando alguna sentencia por ese delito", puntualizó.

La magistrada presidenta electa refirió que, luego del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el enjuiciamiento de personas por este delito, en el estado no hay mujeres presas por el mismo y recordó que aún hace falta la ejecutoria de la Corte.

"Hay que esperar la ejecutoria de la corte, todavía no se hace el engrose, pero la Corte se pronunció sobre varios puntos importantes, no solamente el decir que no se debe penalizar el aborto absoluto", dijo.

Asimismo, refirió que estarán a la espera de las adecuaciones a la ley general de salud para la integración de la objeción de conciencia.