En las acciones llevadas a cabo por la Policía Estatal contra manifestantes en defensa del agua, no hubo "Estado de Derecho" al retirarlos, sino una violación a los derechos humanos por la criminalización de la protesta social y el uso desmedido de la fuerza; así lo aseguró Laura Santos, directora de Investigación en el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH)
"Esto que sucedió es conocido como la justiciabilidad de la política, que es tratar de tomar los instrumentos jurídicos o el derecho en sí mismo, para una decisión política llevarla al terreno del derecho penal y esto en el contexto de una protesta social es la criminalización de las manifestaciones", indicó.
Añadió que lo declarado por algunos funcionarios en las diferentes redes sociales y medios de comunicación, quienes argumentaron que se defendió el Estado de Derecho es falso, derivado también del uso excesivo de la fuerza pública y la violación del debido proceso, documentadas en fotografías y videos.
"Algunas declaraciones por parte de personas de la estructura burocrática del estado y de la misma Fiscalía, manifiestan estricto apego al estado de derecho, pero no es cierto, porque hubo un uso desmedida de la fuerza, no proporcional, y recordemos que México, además del marco jurídico nacional, ha signado tratados internacionales reconociendo estos postulados", dijo.
Entre ellos mencionó a la Convención Americana de Derechos Humanos, quienes han reconocido la competencia contenciosa y jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se está en obligación a atender aquellas sentencias y opiniones consultivas que deriven de esta, donde están los estándares del uso de la fuerza en un contexto de protesta.
"En ella están los estándares del uso de la fuerza policial en una manifestación y solo debe usarse cuando se ponga en riesgo la vida o integridad de las personas presentes, estén o no participando en la protesta, y además ese uso de la fuerza tiene que seguir otros principios establecidos como la legalidad, necesidad y proporcionalidad", declaró.
Laura Santos comentó que lo que se pudo observar este 10 de junio, estando ella presente durante la detención de los tres manifestantes llevados a la Fiscalía, fue un uso desmedido de la fuerza, al evidenciarse diversos actos de violencia en contra de mujeres indígenas y personas de la tercera edad.
"Además, creo que el mensaje es muy claro, pues con las personas que fueron detenidas, si bien fueron liberados luego de varias horas, los procesos siguen y esto me remite a esta justiciabilidad de la política cuando, lo que debieron hacer las autoridades, es declarar un no ejercicio de acciones penales, desestimar la acción, porque si no es violatorio de derechos humanos", concluyó.
