Un 50% de las empresas obligadas a cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), no lo hacen, siendo la causa principal el desconocimiento, señaló el Presidente de la Asociación de Fiscalistas del estado de Querétaro. Tomás Cisneros Medina.
Expuso que esta “Ley Antilavado” que entró en vigor en el año 2013, hoy reporta incumplimiento debido a que el contribuyente desconoce esta obligación, que si bien es un tema penal tiene implicaciones fiscales.
“Es un tema que las empresas deben estar atentas; hoy hay muchas empresas que tienen desconocimiento que tienen que cumplir con esa ley vigente desde 2013 y hay mucho incumplimiento; ahorita está vigente un programa para inscribir a las empresas que no han podido cumplir y que puedan ponerse al corriente sin imposición de multas que son desde 12 mil hasta 900 mil pesos por mes no cumplido”, informó.
Ante estos montos en multas, el dirigente de los Fiscalistas exhortó a los contribuyentes a que se acerquen a un asesor y se eviten las sanciones económicas.
En este tema destacó la oportunidad que tienen los contribuyentes para estar al corriente en sus obligaciones tributarias.
Recordó que en la Ley de Ingresos se estableció por decreto el programa de auto corrección al que pueden apegarse los contribuyentes y ejemplificó que “hay muchos arrendadores que están obligados y no saben hasta que les llega los requerimientos y las multas son muy altas”, declaró.
Sobre los últimos casos de lavado de dinero que se han dado a conocer públicamente como es Servicios Financieros Libertad, el presidente de los Fiscalistas, dijo que es la Unidad de Inteligencias Financiera la que tiene a su cargo este trabajo de verificación, descartando que se trate de un tema de “cacería de brujas”.
Finalmente recordó que hay organismos internacionales que le han solicitado a México que endurezca más sus políticas de prevención de lavado de dinero.
Cabe citar que la ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), busca regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.