El diputado local por Morena, Néstor Domínguez Luna, externó su preocupación por el "poco interés" que hay en el grupo parlamentario del PAN, para abordar la desaparición de personas en el Congreso local, ya que, desde el mes de marzo, ingresó una iniciativa para crear la Ley de Desaparición Forzada de Personas y no Localizadas del Estado de Querétaro, la cual no ha sido turnada, ni discutida.
Esto lo señaló, luego de presentar un exhorto al Congreso del Estado con la intención de que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una carpeta de investigación en conta de Jesús Murillo Karam, quien fue titular de la entonces Procuraduría General de la República por delitos cometidos contra la administración de justicia, durante las investigaciones a su cargo, en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el legislador, el 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero, se encontraban de paso por el municipio de Iguala, cuando fueron atacados por presuntos integrantes del crimen organizado con apoyo de las policías municipales de Iguala, la policía del Estado de Guerrero y la Policía Federal.
Sin embargo, mencionó, que Murillo Karam presentó los avances de las investigaciones y lanzó como hipótesis que, los normalistas fueron asesinados y calcinados y, a estos hechos, los denominó como “la verdad histórica”.
No obstante, resaltó que con la llegada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la verdad histórica “ya no se sostiene”; en este sentido, indicó que el 7 de julio de 2020, los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fueron encontrados en una zona conocida como Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula.
Refirió que los nuevos hallazgos en la investigación implican una “ruptura abrupta" con la denominada verdad histórica.
Esto implica, según Domínguez Luna, que esta verdad fue construida con dolo, con el objetivo de negar el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, con el propósito de encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición forzada de los 43, así como un "cúmulo de irregularidades" en la investigación.
